Gobernador De Puerto Rico Firmó Reforma Que Legaliza Tragamonedas

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, convirtió hoy en ley la nueva reforma contributiva de la isla, aprobada el pasado 13 de noviembre por la Asamblea Legislativa, que estima inyectar en la economía unos 2.000 millones y dispone la legalización de 25.000 tragamonedas que operan de forma ilegal y que no aportan al fisco.

El dinero que se recaude de esta medida no será utilizado para financiar la reforma, sino que utilizará un 50 por ciento para los policías con las pensiones mediante un fideicomiso para mejorar su retiro; un 45 por ciento para ayudar a los municipios mediante la Administración de Seguros de Salud (ASES) para pagar su responsabilidad con el Plan de Salud del Gobierno Vital; y cinco por ciento para los gastos relacionados a operar y mantener el sistema de las tragamonedas.

"A pesar del déficit que encontramos al comenzar nuestro mandato, hoy hacemos realidad el nuevo modelo contributivo que logramos tras hacer los ajustes fiscales necesarios y que establece un escenario ideal para la inversión, así como un alivio para todos los contribuyentes y comerciantes", dijo el gobernador.

Rosselló firmó el proyecto que establece además un crédito por trabajo, bajas contributivas a individuos y corporaciones, la reducción del Impuesto sobre Venta y Uso (IVU) en alimentos preparados y la eliminación del impuesto Business to Business (B2B) para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Por su parte, la Junta de Control Fiscal (JCF) solicitó ayer mayor información sobre las tragamonedas que serán legalizadas tras la firma de la reforma contributiva, ante la posibilidad de que afecten los recaudos del Gobierno.

Luego de avalar la medida en La Fortaleza, el gobernador Rosselló esbozó su esperanza de que el organismo federal le daría paso. Minutos más tarde, en una misiva, la JCF le dio a su administración hasta el 19 de este mes para proveer los
datos.

"La Junta de Supervisión (Control) ha expresado reiteradamente su preocupación de que las disposiciones de videolotería incluidas en la legislación no sean neutrales para el fisco, pues el Gobierno y la Legislatura no han presentado evidencia suficiente de que estos cambios no canibalizarán los ingresos existentes del plan fiscal del Gobierno", sostuvo en declaraciones escritas el grupo de siete personas nombradas por el Congreso.

Rosselló, por su parte, había mencionado: "A mí me parece que, según se resolvió, no hay ningún asunto particular que discutir sobre esa medida".

De acuerdo con el primer ejecutivo, la JCF había certificado parte de la reforma contributiva. En específico, el mandatario se refirió a la reducción del Impuesto sobre Ventas y Uso en alimentos preparados, la eliminación del Business to Business, la creación del crédito al trabajo, las nuevas medidas de captación, como la contribución alternativa mínima y la reducción de tasas contributivas para individuos y corporaciones.

Según el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, la legalización de la videolotería permitirá destinar dinero para salvar el retiro de los policías, así como para ayudar a los municipios ante la debacle fiscal que muchos enfrentan.

De acuerdo con el funcionario, las máquinas generarían en impuestos unos U$S 160 millones al año. De dicha partida se pasaría un 50 % al retiro de la Uniformada, 45 % a los municipios y un 5 % a la Compañía de Turismo, agencia del Gobierno que estará a cargo de fiscalizar la operación de los juegos.


 

 

Fuente:www.hoylosangeles.com

 

 


 

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