Operadores Italianos Buscan Estrategia Común Para Defender El Sector

Organizaciones y asociaciones del sector del juego en Italia, resolvieron durante un encuentro celebrado esta semana una posible estrategia conjunta a adoptar "de frente al gobierno y a la luz de las recientes normativas en materia fiscal que dañan a miles de pequeñas y medianas empresas del sector del juego legal, provocando gravísimas repercusiones en el plano ocupacional".

Sapar, asociación de máquinas recreativas, determinó entre los aspectos priortitarios del diálogo con el gobierno "además de la individualización de formas de protección que garanticen las inversiones de las empresas y el mantenimiento de puestos de trabajo, el tema del título autorizante para la continuidad de las empresas de gestión".

En los puntos acordados entre los representantes de las varias organizaciones sectoriales (Sapar, Astro, Sistema Gioco Italia, Acmi, Acadi, Ascob, CNI, Agire, Asociación de trabajadores "Non Siamo Solo Numeri" y los concesionarios Global Starnet, Netwin, Sisal, HBG, NTS Network, Codere), "se decidió instituir de forma preliminar una mesa técnica permanente a través de la cual en los próximos días se evaluarán las propuestas e instancias de las asociaciones del sector, con el fin de alcanzar una acción unitaria y colegiada en grado de sintetizar el programa de iniciativas a tomar frente al gobierno".

En caso de no lograr un acuerdo conjunto, "cada una de las organizaciones en plena autonomía pdrá intervenir y promover las acciones que considerará mas oportunas. El trabajo hasta ahora realizado representa un primer punto de discusión de los objetivos principales".

Por su parte, el senador Luigi Vitali en una pregunta parlamentaria presentada al Ministro de Economía, enfatizó algunos asuntos críticos relacionados con la industria del juego y el entretenimiento, centrándose en particular en el primer eslabón de la cadena de suministro representado por un número muy limitado de empresas concesionarias, a la que se le encomendó la tarea de emitir la autorización para poner en funcionamiento los equipos con premios en efectivo, que involucra a una amplia gama de gestores y propietarios, compuesta por unas 5 mil pequeñas empresas
con 300 mil trabajadores.

Los principales problemas, como lo destacó Vitali, se refieren al evidente desequilibrio existente en la relación entre las partes y la condición de hegemonía absoluta de los distribuidores. La reducción de equipos, establecida por ley, generó un aumento exponencial en los costos para los operadores, penalizados por el cambio en las condiciones contractuales impuestas unilateralmente por los distribuidores, en contra de miles de pequeñas y medianas empresas. Esta situación, según Vitali, favorecía exclusivamente a los concesionarios que aumentaban sus tarifas aprovechando las cláusulas contractuales, imponiendo condiciones fuera de mercado, obligando a muchos a suspender sus actividades debido a la absoluta insostenibilidad de los costos.

El baja del equipo permite que los concesionarios puedan utilizar las autorizaciones que se pusieron en circulación para su propio uso, lo que permite la aplicación incontrolada de condiciones en total desventaja. El bloqueo del mercado derivado de la necesidad de reducir los equipos generó abusos contra los operadores que también vieron aumentar los costos de conexión a la red electrónica a través de la imposición unilateral de cambios contractuales, que hacen imposible la continuación de las actividades, señalaron desde Sapar.

El senador Vitali preguntó si el ministerio tiene la intención de iniciar acciones dirigidas a proteger a los propietarios de los equipos, considerando la posibilidad de cancelar las cláusulas de rescisión del contrato, permitiendo al propietario el derecho a obtener de otros concesionarios la autorización, en consideración del papel de los gestores y de la enorme contribución en términos de impuestos que ingresan al erario.


 

 


 
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