En el encuentro del miércoles, además de representantes de la Administración regional, participaron miembros de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (LARPA), el sindicato Comisiones Obreras y las asociaciones empresariales del sector Aespa, Aerpa y Reta.

Según informó el Principado, la de ayer se trató de una primera toma de contacto para poner en común las propuestas presentadas por las diferentes partes y establecer una metodología de trabajo. La asociación de ludópatas tenía claro cuál iba a ser su planteamiento, que se trata de establecer un baremo máximo de locales de juego y apuestas en las ciudades asturianas en función de sus habitantes, con el objetivo de que "Asturias siga siendo una de las regiones con un menor porcentaje de salones de juego", según explicó su presidente, Maximino Gutiérrez.

En la reunión pareció claro que no estaban presentes todos los sectores implicados, máxime teniendo en cuenta la alarma social creada por el incremento de estos locales en las principales ciudades asturianas y la preocupación demostrada por los responsables de algunos ayuntamientos, como el de Gijón. Por ello, la Dirección General de Interior a decidido invitar a participar en este grupo de trabajo a los ayuntamientos asturianos en lo que ya existan salas de juego en funcionamiento, así como a los representantes de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias (Cavastur).

El paso dado ayer sirvió para que todas las organizaciones participantes presentaran sus propuestas, que ahora serán analizadas por los responsables del Principado. Se elaborará un documento base que servirá para iniciara la reflexión y el debate sobre el futuro del sector del juego en Asturias.

Desde 2016, el Principado recibió 49 estudios de viabilidad para la apertura de salas de juego y apuestas, pero con la particularidad de que 44 de ellas fueron presentadas durante el primer trimestre de 2019. La suspensión de concesión de nuevas autorizaciones acordada por el Gobierno asturiano se planteó para poder definir los criterios a seguir en el futuro y "evitar así un posible crecimiento desmesurado del sector, de forma que el Principado siga manteniendo el número de establecimientos adecuado, el menor de toda España".