Codere Suspende Junta Extraordinaria Pedida Por Los Martínez Sampedro

El consejo de administración de la compañía del sector del juego Codere dio por suspendido temporalmente, el plazo para convocar y celebrar la junta general extraordinaria solicitada por Masampe, sociedad a través de la cual la familia Martínez Sampedro -fundadora de la empresa-, controla la mayoría de su participación en el grupo empresarial, en aplicación del decreto aprobado por el Gobierno español para luchar contra la pandemia del coronavirus.

Así lo aseguró la compañía del juego en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), añadiendo que dicho plazo se reanudará en los términos que se deducen en las disposiciones incluidas en el decreto.

"Con relación a la Otra Información Relevante número 815 publicada por la Sociedad con fecha 9 de marzo de 2020, comunicando la solicitud de celebrar una Junta General Extraordinaria por parte del accionista Masampe, S.L,. se comunica que el plazo para convocar y celebrar dicha junta general ha quedado suspendido con efectos desde 14 de marzo de 2020, en aplicación de lo previsto en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo. El plazo se

reanudará en los términos que se deducen de dichas disposiciones", indica la comunicación elevada a la CNMV.

La familia Martínez Sampedro pidió a principios de marzo la
inclusión en el orden del día de esta próxima junta la dimisión del presidente no ejecutivo de la firma, Norman Sorensen, como consejero independiente, así como la del consejero independiente Matthew Turner y la del consejero dominical Timothy Lavelle.

Sorensen fue nombrado por primera vez consejero de la empresa española del juego en abril de 2016, procedente de Insperity y Encore Capital. Ese mismo mes se aprobó el nombramiento de Turner y Lavelle, procedente el primero de Arcapita y el segundo de Rotech Healthcare, TridentCare y Studio City International.

Los Martínez Sampedro fueron apartados de la dirección de Codere en 2018. Desde entonces, solicitan la dimisión del presidente, al considerar que ha vulnerado "de forma continuada y reiterada a lo largo del último ejercicio social, los deberes de lealtad y diligencia debida" y no haber atendido "adecuadamente" sus deberes como consejero.


 

 


 
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