Con el texto que va a someterse el lunes a la votación del Pleno, los salones que no se encuentren a más de 850 metros de cualquier centro educativo o sanitario y a más de 500 metros de otro salón de juego, deberán cerrar la persiana cuando finalice la vigencia de la autorización que se les concedió antes de que la nueva ley entre en vigor.

Los representantes de los trabajadores consideran que se trata de una disposición que “genera una terrible inseguridad jurídica. Un 95% de los salones tendrá que cerrar y los que se mantengan abiertos, o los nuevos que se abran cumpliendo las previsiones de la nueva normativa, deberán cerrar si más adelante se construye a menos de 850 metros un nuevo centro educativo o sanitario”.

Los trabajadores cuentan con el apoyo de la UGT, cuyo responsable estatal de juego, Miguel Ángel Rodríguez defendió la necesidad de incrementar los controles de acceso a los salones “pero no su cierre”. Los trabajadores aseguran que “se cumple la normativa, impedimos que los menores de edad y quienes lo tienen prohibido, accedan a los locales. Así lo ha reconocido la propia Generalitat en su último informe sobre el Juego en la Comunidad Valenciana que reconoce no haber sancionado a ningún salón por este motivo”

Los trabajadores lamentaron que el Botànic haya aprovechado el estado de alarma para llevar la ley al pleno. “Ha sido muy difícil recoger todas estas firmas teniendo en cuenta que el estado de alarma nos impide reunirnos. Pero lo que más nos duele es que al llevar a este pleno la ley, los partidos de izquierdas nos impiden ejercer nuestro derecho a la huelga y a la manifestación. No salimos de nuestro asombro”, indicaron.