Nueva Controversia Por Macrocomplejo En Cataluña

La Generalitat de Catalunya, a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), avanzará el 80% de los 120 millones de euros para la adquisición de los terrenos del macrocomplejo de ocio y juego Hard Rock Entertainment World. Antes del 5 de octubre -tras una prórroga de cinco meses aprobada por el Gobierno por el estallido del Covid-19- se formalizará la firma de los contratos de compraventa de los terrenos donde se erigirá el macrocomplejo de ocio. La noticia volvió a agitar las aguas entre los partidos políticos de Cataluña.

A través de una operación a tres bandas, Criteria -el holding de inversiones de La Caixa- venderá la propiedad al Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) y la empresa de derecho público la transferirá a la estadounidense Hard Rock, la encargada de la ejecución del complejo.

El procedimiento, sin embargo, no será un simple cambio de titularidad inmediato. Según consta en las escrituras y en el contrato de compraventa a los que ha tenido acceso el periódico ARA, mientras que el Incasòl hará un único pago a Criteria por medio de un cheque y en uso de fondos propios después de aprobar una modificación del presupuesto actual, Hard Rock abonará el importe en el Incasòl en tres plazos.

La empresa californiana pagará el 20% (24 millones de euros más IVA) en el momento de la formalización del contrato, el 70% (84 millones de euros más IVA) con la publicación definitiva de los planes de mejora urbana (PMU) el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) y el 10% restante (EUR12 millones más IVA) con la "inscripción del proyecto de reparcelación a los registros de la propiedad que correspondan" o "transcurridos seis meses a partir de la publicación de la aprobación definitiva del PMU en caso de que el proyecto de reparcelación no haya sido inscrito por causas atribuibles exclusivamente al comprador [Hard Rock]", según consta en los documentos.

Esta última cláusula -de la que podrían variar los porcentajes por las dificultades añadidas por la situación sanitaria- implicaría que el Incasòl no recuperaría 96 de los 120 millones pagados en La Caja hasta finales de junio de 2022, de acuerdo con los plazos máximos que expone la firma estadounidense de los indios seminoles al documento. Igualmente, la operación estudia una prórroga de seis meses que podría retrasar el cobro hasta finales de ese mismo año.

A pesar de que el conseller de Territorio, Damià Calvet, aseguró durante el anuncio de la adquisición de los terrenos por parte de la Generalitat el pasado verano que el movimiento no tendría "ningún coste adicional" para las arcas públicas, los sobreesfuerzos económicos podrían no acabar aquí. El contrato entre Criteria -firma propietaria de los terrenos en la actualidad- y el Incasòl establece que la empresa dependiendo de Territorio asumiría, "con toda indemnidad para la vendedora, toda la responsabilidad que eventualmente pudiera corresponder a la vendedora [Criteria] consecuencia de los expedientes expiatorios llevados a cabo en el ámbito del centro recreativo y turístico, ya sea respecto de las fincas que son objeto de venta como las que siguen en propiedad de la vendedora".

Esto significa, según explicaron fuentes del Incasòl, que el Instituto debería encontrar el método adecuado para abonar unas eventuales indemnizaciones, que no recaerían sobre ninguno del resto de actores implicados, a los antiguos propietarios de los terrenos en caso de que el litigio se saldara dándoles la razón en las reclamaciones por retaxar los terrenos.

Por otra parte, La Caixa pide poder seguir haciendo uso -o bien privado o a través de una concesión pública- de la laguna que hay en los terrenos y que le permite abastecer de agua los campos de golf cercanos. También hace constar que ha presentado una serie de alegaciones a la modificación del PDU que se está tramitando desde el 2 de marzo vinculadas al reparto de costes de las obras de urbanización externas y que consideran que "la infraestructura viaria preexistente resulta suficiente para satisfacer las necesidades derivadas de la transformación urbanística "de uno de los sectores.

Con las condiciones de la compraventa, el Incasòl asume un papel clave para consolidar el proyecto. Las mismas fuentes exponen que con la modificación del PDU está previsto que el Incasòl pase a ser la administración actuante y, de esta manera, tendrá más control sobre el conjunto de la operación.

El proyecto de Hard Rock es heredero de uno mucho más ambicioso que se anunció en 2012, de la mano del grupo Veremonte, que dos años más tarde se hacía atrás sin ejecutar la inversión millonaria promesa para levantar un complejo que debía tener seis casinos y varios hoteles. A finales de 2014, la Generalitat toma el control, rebautiza el proyecto como Centro Recreativo y Turístico (CRT) y reduce el alcance del complejo -que pasando de seis casinos a uno-, aunque todavía prometía ser el más grande de Europa, con 1.200 tragamonedas. El entonces consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, anunció que el Gobierno había pactado una opción de compra de los terrenos con La Caixa a 18 meses para asegurar el futuro de la infraestructura. El ex consejero afirmaba que la administración catalana "gestionaría a través del Incasòl la asignación de los terrenos", una tarea sin acciones económicas previstas.

La secretaria adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, avisó el lunes de que "ni un euro público puede ir" hacia dicho proyecto, algo que está ratificado y votado por el Parlament y, en caso de que no se cumpla, pedirán explicaciones ante la cámara catalana.

"Ya hemos pedido las explicaciones pertinentes, también pediremos las explicaciones pertinentes en el marco de la cámara parlamentaria y dentro del propio Govern, porque seremos muy contundentes: ni un euro público puede ir a este proyecto", dijo la portavoz republicana.

En el fondo hay también una disputa política entre los dos socios del gobierno catalán: Junts per Catalunya (formación a
la que pertenece el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet), y ERC.

Vilalta recordó que el Govern de la Generalitat "se ha comprometido" a no destinar fondos a este proyecto y así se ha decidido en el Parlament, por lo que no entienden "que se tenga que cambiar este posicionamiento".

"La opción de compra se ejecuta y después se traspasa", de manera que el poseedor de "la licencia de casinos adquirirá los terrenos a través del Incasòl, que es quien tiene la opción de compra", y la Generalitat "no tendrá ningún coste adicional, no habrá una inversión pública en este proyecto", dijo Calvet en junio del pasado año.

De acuerdo con la información publicada por el periódico Ara, el Incasòl no recuperaría 96 de los 120 millones pagados a Criteria hasta finales de junio de 2022 o incluso finales de ese año.

Estas cláusulas no casan con la versión que dio el Govern y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, sobre que la operación no supondría ningún coste económico para las arcas de la Generalitat, pues la compra y la venta a tres bandas serían inmediatas.

Por su parte, el alcalde de Salou, Pere Granados, reclamó "que los partidos del Gobierno de la Generalitat actúen de forma responsable y se dejen de pugnas y de guerras electoralistas, que, en plena crisis económica, pueden poner en peligro el proyecto turístico, que creará muchos puestos de trabajo, dinamizará y reactivará la economía en Salou y la Costa Dorada".

"Ahora, más que nunca, necesitamos inversiones que ayuden a superar esta crisis económica", sostuvo Granados.

En este sentido, el alcalde de Salou indicó que la pandemia del coronavirus ha causado un gran agujero económico en los municipios turísticos "que estamos obligados a seguir prestando todo tipo de servicios".

El alcalde de Salou recordó además que el consorcio Centro Recreativo Turístico (responsable de coordinar el proyecto Hard Rock) está presidido por Pere Aragonès (ERC), consejero de Economía y vicepresidente del Govern, por la cual cosa "conocen mejor que nadie los detalles económicos. Pero me temo que estamos ante una escenificación pre-electoral. Por eso apelo a la responsabilidad de los dos socios del gobierno catalán".

Desde la plataforma Aturem BCNWorld, Joan Pons explicó que "está al caer una sentencia que podría echar al traste todo el proyecto a raíz de una denuncia interpuesta por nosotros contra el Plan Director Urbanístico. Si nos es favorable se tendrá que poner el contador a cero y haría falta que el Govern tramitara otro plan y volviera a presentar un concurso público para las licencias de juego. Estaríamos hablando de mínimo ocho años más".

La plataforma está en contra por varios motivos. "Primero por el modelo turístico. BCN World permitiría al turista desarrollar toda su actividad sin moverse. No es el modelo de la Costa Dorada. Por otro lado, están los temas medioambientales, porque consideramos que la zona ya está muy explotada y si encima sumamos esto... ", explicó Pons. Y hay que tener en cuenta otros problemas como la delincuencia. "Hay empresas que se han mostrado interesadas en operar en BCN World, como Melco, vetada en algunos estados de Estados Unidos por vinculación demostrada con la mafia y varios crímenes... y aquí les abrimos la puerta", sostuvo.

Antecedentes

La marca promotora de Hard Rock Entertainment World entra en escena el verano de 2017, después de que el resto de candidaturas del concurso público se hicieran atrás. Ahora, habiendo hecho una ampliación de capital de 66,51 millones de euros en BCN IR 3 SA para hacer frente a la inversión, la compañía también pone condiciones a su compromiso con el proyecto. Además de quedar libre de responsabilidad de los posibles costes exigidos por la justicia, el grupo de la entidad de Florida fija en el contrato una serie de fechas límite -también alteradas por la prórroga debido a la pandèmia- para que se lleven a cabo algunos procedimientos : la aprobación de la propuesta de modificación del PDU, el PMU, la propuesta arquitectónica, el estudio de movilidad generada, el proyecto de urbanización y el inicio de las obras, que deberían terminar, según los nuevos plazos marcados por la pandemia, antes del 31 de agosto del 2024.

En este sentido, el documento incluye una serie de escenarios en que Hard Rock podría ejecutar la opción de venta de los terrenos por 120 millones de euros y el valor de los costes adicionales, sobre la que el Incasòl tendría "la obligación de recomprar "durante 10 años siempre que la empresa notificara la voluntad de vender con un mes de antelación. No obstante, el acuerdo expone que "en el supuesto de que esta opción de venta se ejerza [...], una vez estén en pleno funcionamiento el conjunto de edificios de la primera fase [...], el derecho del comprador [Hard Rock] a vender no incluirá estos edificios y los suelos en que se ubiquen ". La firma estadounidense remarca que ejercerá este derecho si una sentencia declara nula o recorta el redactado final del PDU, en caso de que no llegue a adquirir la licencia para el casino, con la reducción de la edificabilidad del sector o si no se cumplen las fechas de aprobación y construcción propuestas, un escenario que desde el Incasòl ven poco probable porque "no ven complicado" el cumplimiento de las cláusulas establecidas.


 

 

Fuente:www.ara.cat, www.hosteltur.com y www.eleconomista.es

 

 


 
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