Fallo Judicial Contra Megacomplejo De Cataluña

La justicia española falló en relación al proyecto BCN World de Tarragona, que prevé erigir un macrocomplejo turístico y de ocio entre Vila-Seca y Salou. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nulo, a petición de la entidad ecologista Gepec, parte del plan urbanístico. El dictamen concluye que los espacios libres y equipamientos públicos se proyectaron en una zona de “riesgo de accidentes graves” por la cercanía del polígono petroquímico de Tarragona, lo que los hace inviables.

La sentencia de la sala contencioso-administrativa del TSJC, anula el plan urbanístico del llamado Sector 1 del Centro Recreativo y Turístico (más conocido como BCN World), que fue aprobado en 2016 por el Departamento de Territorio de la Generalitat. Se trata de un área de un millón de metros cuadrados. La mayor parte del terreno está destinado a la construcción de hoteles, áreas de juego, centros comerciales y otros servicios. Pero otra porción importante (más de una tercera parte) prevé albergar espacios libres de acceso público y equipamientos.

Los magistrados concluyen que el Sector 1 está afectado por "riesgo de accidentes graves" debido a su cercanía al polígono químico sur de Tarragona. La objeción del tribunal tiene que ver con los espacios libres. Pese a que el plan urbanístico es generoso con esas áreas --superan "el mínimo legal"--, la ubicación hace que no pueda garantizarse una "funcionalidad adecuada". Los parques, jardines y zonas verdes "han de tener las características adecuadas para garantizar su disfrute colectivo", recuerda la sentencia. El objetivo es que satisfagan "necesidades de recreo, tiempo libre, ocio y deporte", pero siempre "en condiciones de seguridad".

Y eso es precisamente lo que no ocurre en el caso de BCN World. La ley deja claro, añade la sentencia, que las zonas libres deben estar "alejadas de las zonas expuestas a accidentes graves". Más aún en un complejo de ocio donde es previsible que haya "una presencia de personas importante".

El plan urbanístico aprobado por Territorio intentó salvar ese escollo con unas medidas de seguridad que son "dudosas" y que suponen una asunción implícita, dice la sentencia, de que el riesgo existe. El plan ahora anulado prevé que no se celebren acontecimientos masivos, que se prohíban todo tipo de actividades (deportes, exposiciones, pícnics) e incluso que se abstengan de acudir ciertos colectivos como niños, ancianos o personas con movilidad reducida.

Para el tribunal, esas limitaciones son inaceptables. No solo por su "difícil aplicación práctica", sino porque además sometería los espacios a "una especie de régimen de excepción permanente", algo contrario a la ley y a la "conciencia social y colectiva", redunda la sentencia.

La demanda fue impulsada por la entidad ecologista Gepec contra la Generalitat y contra los impulsores del proyecto y los propietarios de los terrenos. Deja en una situación extremadamente delicada a un proyecto que ahora tenía que liderar Hard Rock, la única sociedad actualmente que cuenta con una prelicencia de juego, otorgada en 2015, para el
complejo que pretendía construir junto a PortAventura. La sociedad dijo entonces que tenía intención de invertir 900 millones de euros en un complejo en el que los principales protagonistas eran un casino y dos torres para albergar hoteles.

El proyecto de BCN World ha sufrido decenas de modificaciones, amputaciones y dilaciones desde que Enrique Bañuelos apareciera con él bajos el brazo en 2013, en pleno efecto de la crisis económica y como alternativa al proyecto que Las Vegas Sands, que se había decantado hacia Madrid tras sopesar instalarse en Viladecans.

Las últimas dilaciones de Hard Rock para hacer efectiva la adquisición de los terrenos había aflorado nuevas dudas acerca del proyecto. Existían dudas sobre si el operador tenía problemas para encontrar financiación en un momento como el actual o si ganaba tiempo ante el nuevo contexto turístico que ha dejado la pandemia del coronavirus.

La compraventa de esos terrenos propiedad de CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación Bancaria La Caixa, han sido fruto de una larga polémica sobre todo por el compromiso de la Generalitat de hacer intermediario entre vendedor y comprador. Siempre ha defendido el Govern que la operación no le costaría dinero al erario público, pero lo cierto es que al final tenía que avanzar 96 de los 120 millones de coste de la operación, unos recursos públicos que no recuperaría hasta que la reparcelación de los terrenos no estuviera finalizada.

Actualmente la Generalitat esperaba cerrar la operación de compra (que lideraba el Departamento de Territorio a través del Incasòl) y centrarse en la otra vía que queda por definir: la concesión de la licencia definitiva de juego, que en este caso dependía más del Departamento de Vicepresidencia y Economía. ERC siempre se ha sentido más incómodo con un proyecto vinculado al juego como este aunque lo ha acabado asumiendo. Ahora, con la sentencia del TSJC, todo el proyecto queda un poco más en el aire.

Hard Rock, la única compañía que tiene una prelicencia concendida para operar un casino en el Centro Recreativo Turístico en el sector del juego en BCN World, había demandado antes de publicarse la sentencia otros dos meses más para cerrar la compra de los terrenos donde pretende --a falta de que confirme un cambio de opinión-- levantar el proyecto. Aprovechando esa nueva petición del grupo estadounidense propiedad de los indios semínolas, el Govern se planteaba modificar las condiciones del acuerdo y llevarlas a aprobación al próximo Consell Executiu. La cuestión ahora es otra: modificar la planificación y readaptar el proyecto. Siete años después.


 

 

Fuente:elpais.com

 

 


 
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