La polémica instaurada en Puerto Rico, a raíz de un proyecto tendiente a legalizar las máquinas tragamonedas que operan fuera de los casinos, y que son consideradas como aparatos de entretenimiento, pero que en realidad trabajan fuera de la ley, ya que otorgan premios en dinero, continúa siendo un tema donde los diversos actores involucrados siguen enfrentándose duramente, cada cual en pos de sus intereses. Por un lado, asociaciones hoteleras y de casinos que se oponen rotundamente a que el sector se legalize, por otro, legisladores, operadores y fabricantes que pugnan para que se enmiende la ley, para que les permita -dicen- trabajar legalmente y generar aportes impositivos.