Tragamonedas De Puerto Rico: ¿Quién Gana El Jackpot?

La polémica instaurada en Puerto Rico, a raíz de un proyecto tendiente a legalizar las máquinas tragamonedas que operan fuera de los casinos, y que son consideradas como aparatos de entretenimiento, pero que en realidad trabajan fuera de la ley, ya que otorgan premios en dinero, continúa siendo un tema donde los diversos actores involucrados siguen enfrentándose duramente, cada cual en pos de sus intereses. Por un lado, asociaciones hoteleras y de casinos que se oponen rotundamente a que el sector se legalize, por otro, legisladores, operadores y fabricantes que pugnan para que se enmiende la ley, para que les permita -dicen- trabajar legalmente y generar aportes impositivos.

La situación del sector de los denominados minicasinos -una industria que opera en un cono de sombra de la ley y que genera cuantiosas sumas de dólares-, podría reflejarse como un juego en una tragamonedas, donde los participantes aportan, cada uno sus fichas, para ver a la fin, quién se queda con el jackpot.

Mientras que la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), teme que de aprobarse la ley, la mayoría de lo recaudado por las jugadas fuera de los casinos vaya a manos privadas y no al gobierno, empresarios del sector como Ellis Linfernal, vicepresidente de Emprecom (Empresa Puertorriqueña de Recreación Comercial), asegura que si la actividad se legaliza, aportá al Estado entre 60 y 100 millones de dólares de ingresos impositivos.

En declaraciones efectuadas en el programa televisivo Dia a Dia, Linfernal defendió la propuesta de ley, ya que es bien conocido por todos que esas máquinas otorgan premios, y "por eso estamos proponiendo que se enmiende esa ley, y que nos regulen como hicieron con las agencia hípicas".

"Queremos que se haga como ocurrió con las agencias hípicas, que se conecten las máquinas al Departamento de Hacienda, que nos dejen pagar los premios legalmente, y nosotros pagar al erario público", sintetizó.

Sin embargo, el empresario también salió en su defensa aclarando que "nosotros, los dueños de las máquinas no tenemos control sobre el pago de los premios. Ese control lo tienen los dueños de los negocios que tienen las máquinas. Yo por mi parte, preparo las máquinas de forma que no estén contra la ley".

Asimismo defendió las actividades de estas máquinas considerando que la medida no significa llevar "los casinos a las comunidades", de forma que se instaure un masivo utilizo de las mismas, como indican sectores opositores al juego, ya que "vamos a regular las máquinas que llevan en el país más de 20 años, por lo cual no hay que traer máquinas nuevas. Además los casinos llevan mucho mas tiempo operando que nosotros. Hay que regular lo que ya está", sentenció Linfernal.

También deslizó su oposición a la noticia de la instalación de la videoloteria en el país por parte de la empresa Caribbean Cage, como medida para generar los ingresos que necesita el gobierno para palear al déficit actual. Sentenció que los argumentos de "esa empresa" que garantiza 300 millones de dólares al erario con la instalación del sistema de las videoloterías habla de "números que son irreales", y que se "está escondiendo cambiando de nombre" tras las figuras
del ex legisladores como Roberto Prats y Héctor Ferrer que hacen lobby.

Tajante en sus últimas declaraciones al respecto de la legalización del sector, fue Rafael Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, quien claramente sentenció que en caso de que la industria de máquinas tragamonedas fuera de los casinos no quiera ser regulada, deberá ser erradicada debido a que cada sector debe aportar para salir de la crisis fiscal actual.

"Hay dos alternativas o regulamos o erradicamos (las tragamonedas ilegales), porque todo el mundo tiene que contribuir", dijo el legislador, en relación a la contribución de fondos destinados a financiar el sistema jubilatorio del país.

En caso de que sea aprobada la medida para legalizar los llamados "mini casinos", Hernández explicó que, de los ingresos que se recojan, se asignará el tres por ciento, "que son unos ocho millones de dólares recurrentes, al Departamento de Hacienda". Este dinero se utilizará para "regular las operaciones de estas máquinas", detalló.

El exdirector de la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo, Mario Ramos Méndez, recordó que ninguna de esas máquinas está preparada para cumplir con los requisitos y que implementarlos sería muy oneroso para los dueños.

La Asociación de Inspectores de Juegos de Azar, por su parte, mostró reservas a la intención legislativa y planteó que la regulación de las máquinas "producirá una actividad que mermará las apuestas de las tragamonedas y de otros juegos en los casinos".

Mientras que el Departamento de Hacienda estimó que la implantación de un sistema regulador de esas tragamonedas no es viable a corto plazo, operadores de las máquinas opinaron que en 180 días es posible instalar conexiones para someterse a la regulación electrónica de esa agencia.

La actividad de estos locales considerados como minicasinos,, trabajan en Puerto Rico desde hace al menos dos décadas, sin que ningún sector interesado lanzara grandes cuestionamientos a favor o en contra de su actividad. Sin embargo, cuando se generó la crisis fiscal y se avanzaron las primeras propuestas tendientes a su regularización como medida para recaudar fondos para el Estado, favorables y opositores al proyecto intentan ganar espacio para defender sus intereses. Los jugadores, en tanto, continúan concurriendo a los minicasinos, los casinos legales prosiguen con su negocio, y el Sistema de Retiro jubilatorio espera fondos para no sucumbir.


 

 


 

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