La Ley De Juego Provoca Incertidumbres

La doctora Cristina Romero de Alba, integrante del estudio LOYRA Abogados y Asesores, ha escrito para DiarioJurídico.com, una interesante serie de reflexiones en las que ordena muchas de las incertidumbres que ha dejado en los especialistas de la actividad la norma legal sancionada con demasiada premura en España.

Mucho se ha escrito sobre la Ley 13/2011 que, tras una apresurada tramitación parlamentaria, entró en vigor el pasado 29 de mayo con objeto de responder jurídicamente al reto del llamado "juego online" (mundo amplio, mucho más allá del juego por internet "al uso" desde el ordenador personal que todos tenemos en mente) y, de paso, apuntalar legalmente la reserva de actividad (monopolio) de loterías de ámbito estatal a los operadores SELAE y ONCE, pero poca o nula atención se ha prestado hasta ahora a la "caja de Pandora" que se ha abierto en muchos y variados frentes jurídicos.

Así las cosas, lo primero que llama la atención es la sombra que planea sobre el ámbito de aplicación territorial de la Ley 13/2011, pues, recordemos que los Estatutos de Autonomía han conferido a las Comunidades Autónomas competencias exclusivas en materia de juego y apuestas (a excepción de las loterías del Estado y las apuestas mutuas deportivo-benéficas). ¿Serán suficientes los títulos competenciales generales que el legislador estatal invoca para establecer la nueva regulación del juego de ámbito estatal? La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derecho supletorio y supra-territorialidad hace que surja alguna que otra duda al respecto que nos incita a pensar que prevalecen en gran medida las competencias autonómicas.

Acomete la Ley 13/2011 una somera ordenación de:

(i) un sistema de licencias abierto (que y probablemente gracias al informe emitido por la Comisión Nacional de Competencia, ya no restringe el número de licencias a otorgar por la futura Comisión Nacional del Juego (CNJ) tal y como constaba en los primeros borradores de Anteproyecto) y que comprende las llamadas licencias generales y singulares, así como los requisitos para su obtención;

(ii) las actividades de publicidad y patrocinio;

(iii) los órganos administrativos competentes en materia de juego además del Ministerio, que son la CNJ (a constituir en un plazo de seis meses) y el Consejo de Políticas de Juego, cuya recientísima constitución ha suscitado no pocas tensiones;

(iv) un régimen sancionador con su correspondiente pléyade de infracciones muy graves, graves y leves; (v) un novedoso régimen fiscal con la creación del Impuesto sobre Actividades de Juego (IAJ) y

(vi) una batería de disposiciones transitorias, adicionales, finales y derogatorias de compleja interpretación y aplicabilidad.

Habrá que esperar al desarrollo reglamentario en materia de publicidad y patrocinio, licencias y sistemas técnicos para tener una verdadera "foto" del paisaje del sector de los juegos de azar en España y para que el mismo se configure como mercado jurídicamente seguro. Tal desarrollo se enfrenta a múltiples retos:

(i) la configuración de SELAE como operador beneficiario de la reserva de actividad, por un lado, y operador "privado", por otro, a la luz de la normativa de derecho de la competencia;

(ii) el establecimiento de mecanismos adecuados para asegurar la monitorización de operaciones, la protección de menores y los grupos de riesgo;

(iii) el funcionamiento de medidas anti- fraude y anti- blanqueo;

(iv) los sistemas de certificación y homologación de equipos y software;

(v) la concreción de los requisitos para poder solicitar una licencia (forma societaria, capital, costes asociados, otorgamiento de garantías, requisitos de solvencia financiera y personal, precisión de qué significa la expresión "estar al corriente de sus obligaciones tributarias" etc.); (vi) el control eficaz por la CNJ del juego transfronterizo, pues los servidores pueden estar localizados en cualquier lugar del Planeta, por manifestar sólo unas cuantas.

La Ley contiene una serie de buenos propósitos relativos a la protección del interés público y el juego responsable, pero su falta de sistemática, la premura en su tramitación y el panorama de inestabilidad política, han derivado en una ley poco meditada y en una situación que deja demasiadas incógnitas: ¿qué va a ocurrir con aquellos operadores online que han venido desarrollando actividades en España con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2011? (¿qué van a hacer con las bases de datos, con el fondo de comercio y con la publicidad y contratos publicitarios desarrollados durante dicho período?), la precisión del ámbito territorial a la luz de las competencias asumidas por las CCAA en materia de juego (probablemente tendrá que verse en el Tribunal Constitucional), la aplicación del complejo e inusitado régimen transitorio que suspende el régimen administrativo sancionador y otorga vigencia temporal (hasta el 1 de enero de 2012 o la fecha de otorgamiento del primer título habilitante, la que resulte anterior) al delito de contrabando de juegos y apuestas, etc.

Así las cosas, desde el 29 de mayo, dos cosas están claras:

(i) en España está prohibida la realización de actividades de juego por medios a distancia sin título habilitante y

(ii) el nuevo IAJ se devenga desde el 29 de mayo de 2011.

Habrá una serie de casas de apuestas que, paradójicamente, en caso de haber "acordado en firme" contratos de publicidad y promoción del juego o patrocinios deportivos con anterioridad al 1 de enero de 2011 podrán seguir publicitándose, pero no tomar apuestas y ni desarrollar juegos, pues carecen de título habilitante para ello. ¿Deberán los anunciantes de portales de juego no autorizados y los medios advertir de este hecho a los consumidores?

Se adivinan algunos conflictos legales:

-    El del ámbito territorial: de "totalidad" del Estado, ¿pero no de menos de éste?

-    El de las competencias de las Comunidades Autónomas;

-    El del alcance y la adecuación de la reserva de loterías a los Tratados Europeos;

-    El del acceso a las licencias de ciertos operadores sancionados o penados en España o en países con los que España mantiene convenios en vigor;

-    El de hacer efectiva la prohibición de ofrecer actividades de juego online hasta que se otorguen títulos habilitantes aplicando normas penales y administrativas;

-    El de evitar competencia desleal...

Todo ello afectará, sin duda, al valor de los negocios del juego, incluido el de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, a privatizar parcialmente en los próximos meses.

¿Configura la Ley 13/2011 un mercado atractivo, seguro, regulado y que garantiza una competencia leal, en condiciones de igualdad?


 

 


 
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