Dueños De Casinos Populares Critican Dichos De Superintendente

El vicepresidente del gremio que agrupa a Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos de Chile, FIDEN A.G., Sebastián Salazar, consideró que las declaraciones a la prensa chilena realizadas por el superintendente de Casinos de Juego (SCJ), Daniel García Fernández,"exceden sus atribuciones legales y su competencia" y constituyen "un error que busca poner a las máquinas de destreza en un contexto de ilegalidad".

A partir del estudio Catastro y caracterización de salas de máquinas de juego electrónicas, que fue encargado por la Superintendencia de Casinos a la Pontificia Universidad Católica de Chile, García había dicho que todas las máquinas electrónicas que pagan premios en dinero se consideran de azar. Según Salazar las declaraciones del superintendente se basan en una interpretación errónea del estudio.

Para Salazar, "las declaraciones de García son ilegales porque el Catálogo de Juego de la propia Superintendencia, dictado por la Resolución Exenta N°284 de 18 de junio de 2013, denominada Categoría de Juegos de Máquina de Azar, define a una máquina de azar como todo sistema o toda máquina electrónica, electromecánica, eléctrica o que funcione con cualquier otro modo de operación, que permita recibir apuestas en dinero a través de un sistema aleatorio de generación de resultados y otorgue, eventualmente, un premio en dinero".

Según el vicepresidente de la Fiden, para acreditar que una máquina sea de azar se debe verificar que ésta posea un generador de números aleatorios, dado que la apariencia no es un factor que permita definir la naturaleza de la máquina. El conflicto entre el gremio y la Superintendencia es de larga data, y las declaraciones de García sobre la naturaleza de todas las máquinas electrónicas que otorgan premios en dinero son de azar, es considerada por la Fiden como "un error que busca poner a las máquinas de destreza en un contexto de ilegalidad".

Para la Fiden, el propio informe de la Universidad Católica, que encargó la Superintendencia y que generó las declaraciones de García Fernández, expresa que es preciso aclarar que este estudio y esta definición no buscan determinar si las máquinas de juegos a catastrar son de destreza y habilidad, o de azar. "En consecuencia, es inexplicable que una autoridad pública como el superintendente García formule ese tipo de declaraciones, arrogándose facultades que en último término son judiciales y no administrativas, ya que muestra que conceptos básicos de la industria del juego le son completamente desconocidos" explicó Salazar, y añadió que el titular del organismo regulador, "siendo la autoridad que debe garantizar el correcto cumplimiento de la normativa de la industria, no puede caer en estos errores conceptuales".

El titular de la SCJ había señalado en declaraciones periodísticas que "nuestra legislación, propuesta por el
Ejecutivo y aprobada por el legislativo en 2005, actualizada recién en 2015, permite la explotación de juegos de azar, pero dada la complejidad de este tipo de industria es necesario que se desarrolle de forma acotada, exclusivamente en 24 casinos autorizados a lo largo del país, y bajo la atenta supervisión de la Superintendencia de Casinos de Juego. La explotación de juegos de azar que no se dé en este contexto es ilegal y constituye un riesgo para las personas", apuntó.

Sin embargo, para la Fiden, en la medida que la máquina no sea de azar, es decir, se trate de un juego que no tenga un sistema aleatorio de generación de resultados, no hay ninguna prohibición para esa actividad económica. "Es así, como la Contraloría General de la República ha definido en diversos dictámenes que las municipalidades deben formarse la convicción de que no se tratan de máquinas de azar, para otorgar las patentes" explica Salazar.

"Como Fiden estamos difundiendo la necesidad de una ley que regule el sector, ya que actualmente esta industria tiene una regulación inorgánica, ya que depende de ordenanzas municipales. Esto significa que se definen exigencias diferentes entre los municipios y existen materias que no pueden ser reguladas a través de ordenanzas municipales, pero que son de sentido común regular, como por ejemplo la ubicación de las máquinas, prohibición de expendio de alcohol, no acceso de menores de edad. Por ello, se hace necesaria una ley de aplicación nacional", añadió el vicepresidente de la Fiden.

Salazar cree que el superintendente García se excedió de sus atribuciones, mientras que el gremio está enfocado en su totalidad en trabajar tanto con el gobierno como con el Congreso, para lograr que los juegos de entrentención obtengan una regulación. De esta manera, explicó, se podrán desenvolver dentro de un marco regulatorio que permita que el juego se desarrolle dentro de reglas claras que permitan garantizar el derecho de los jugadores, acrecentar los ingresos fiscales y generar mayor cantidad de puestos de trabajo.

Para finalizar, Salazar dijo que "desconocer, desde la perspectiva de la política pública, que un escenario de regulación de la industria de máquinas tragamonedas trae solamente beneficios para el país, los consumidores y desde luego la industria del juego en general, resulta completamente ilógico y pareciera ser que se defienden intereses que no son los de la sociedad en general".


 

 


 
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