Francisco Leiva: Se Espera Que El Gobierno Tome La Decisión De Legislar

Francisco Leiva, ex superintendente de casinos y actual asesor del gremio de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos de Chile, FIDEN, explicó que esa entidad está preparando una propuesta legal que incluiría un impuesto a beneficio del Municipio donde están emplazadas las máquinas. La iniciativa también establece que las llamadas tragamonedas populares "deberán estar conectadas con el regulador, a través de un sistema de administración y conexión que sea fiable y seguro". Según Leiva, la FIDEN "está difundiendo a nivel de congresistas, alcaldes y autoridades" este proyecto de regulación con el objetivo de "que el gobierno tome la decisión de legislar" esta actividad.

¿Qué esperan los operadores de los casinos populares del gobierno actual, con respecto a una ley que los regule?

- En FIDEN existe el absoluto convencimiento que lo mejor para la actividad, para la comunidad y los clientes es que exista una ley general que los regule. Se trata de una propuesta que ha demostrado que funciona adecuadamente en la mayoría de los países europeos, en Estado Unidos y en varios países latinoamericanos. De esa forma, al existir normas claras se genera un ambiente transparente y seguro, que permite el desarrollo de la actividad en armonía con el orden público. Desde ese punto vista, se espera que el gobierno tome la decisión de legislar. Para ello, quizás lo más apropiado es que el gobierno convoque a una mesa de trabajo con el objeto de analizar las características de este mercado, qué es lo socialmente deseable y definir las condiciones que debe cumplir. Al trabajar de esta forma, el proyecto que ingrese a trámite en el Congreso puede cumplir de mejor manera con el propósito de tener una industria transparente y segura.

Según el superintendente de Casinos de Juego (SCJ), Daniel García Fernández, ya existe una reglamentación que regule a las tragamonedas de barrio, ¿por qué la FIDEN dice que no?

- Es otro error del Superintendente García. Como lo mencioné, lo que está normado son las máquinas de azar, que solo pueden funcionar al interior de los casinos de juego. Por lo tanto, de acuerdo con la normativa vigente y los dictámenes de la contraloría, los municipios pueden otorgar patentes para el funcionamiento de máquinas de juegos, en la medida que no sean de azar. Para ello, la apariencia no es un factor que permita definir la naturaleza de la máquina y solo mediante una certificación que analice si el programa de juego posee o no un sistema aleatorio de generación de resultados, se puede concluir si dicho programa corresponde o no a una máquina de azar. En este contexto, las distintas municipalidades han dictado ordenanzas para regular la actividad en su comuna, pero se trata de una regulación inorgánica. No sólo porque las exigencias son disimiles entre las distintas comunas, sino porque regulaciones que son de sentido común, por ejemplo el no ingreso de menores de edad, restricciones a la ubicación de los establecimientos, no expendio de alcohol, entre otras, han sido declaradas ilegales por Contraloría General de la República, ya que se tratan de materias que están fuera del ámbito de competencia de la autoridad comunal.

¿Para ustedes existe una clara intención de la Superintendencia de terminar con lo casinos populares?

- Realmente cuestan entender los errores manifiestos del Superintendente. No sólo está su afirmación inicial de que las máquinas son de azar por el hecho de que paguen premios
en dinero, sino que luego señala que las máquinas están regladas y por tanto no se requiere ninguna ley. Son errores impropios de una autoridad pública, y cuesta pensar que sea casual, pero no tengo antecedentes para afirmar qué lo motiva. Sin embargo, no puedo dejar de manifestar mi preocupación porque la autoridad que debe garantizar el correcto cumplimiento de la normativa de la industria que regula, tenga este actuar.

¿Están trabajando en algún borrador para una posible legislación que regule a los casinos populares?

- Fui contratado por FIDEN para preparar una propuesta regulatoria para esta actividad económica. Para este trabajo, revisé diversas experiencias internacionales y la manera en cómo se ha desarrollado la actividad en Chile. Con ello elaboré una minuta con los principales contenidos que debería tener una propuesta de regulación. Posteriormente, como resultado de la difusión de dicha propuesta con diputados, senadores y alcaldes, elaboré un texto de proyecto de ley. Por lo tanto, actualmente FIDEN dispone de una propuesta de regulación, que está difundiendo a nivel de congresistas, alcaldes y autoridades de gobierno. Ejemplo de lo señalado han sido las presentaciones realizadas tanto en la Comisión de Economía, como en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

¿Qué opinión les merece la actitud de Pablo Zalaquett, ex alcalde de Santiago, quien fue uno de los primeros en perseguir a los casinos populares, y ahora los apoya?

- El ex alcalde de Santiago con su experiencia se ha dado cuenta que lo más adecuado para el país es que exista una regulación para esta actividad económica. Ha dicho "que no se puede tapar el sol con un dedo". Creo que es una conducta realista, que reconociendo la situación actual, con regulaciones inorgánicas a través de ordenanzas municipales, una asociación gremial dispuesta a que exista una ley que los regule, llegó a la conclusión que lo más adecuado es que se legisle sobre esta materia.

En la actualidad, ¿con qué tipo de permisos se están manejando los casinos populares que operan en Chile y qué tipo de impuestos pagan a los municipios donde se encuentran?

- Dichas salas funcionan en un marco de una regulación inorgánica mediante ordenanzas municipales. Al igual que cualquier actividad comercial está sujeta al pago de las patentes comerciales respectivas y al impuesto al valor agregado. Luego, como cualquier empresa corresponde pagar el impuesto a las utilidades o impuesto de primera categoría. En la propuesta legal que estamos impulsando, existiría un impuesto adicional que iría a beneficio del Municipio en donde están emplazadas las máquinas y éstas deberán estar conectadas con el regulador, a través de un sistema de administración y conexión que sea fiable y seguro.


 

 


 
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