Canale: No Se Trata De Un Achique Sino De Políticas Públicas Correctivas

Licenciada en Ciencias Políticas y excandidata por el Partido Demócrata a la intendencia de la ciudad de Mendoza, donde no superó los votos para participar en las elecciones generales, Josefina Canale llegó de la mano del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, para presidir el instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC). Canale, comenzó su jefatura dando de baja a más de 80 trabajadores eventuales, cuestión que le costó protestas de los sindicatos, pero que ella justificó señalando que el estado no podía afrontar el gasto de una planta superpoblada. Para la funcionaria, el Instituto debe cumplir su función principal que es recaudar fondos para programas sociales y de salud.

Sabemos que varios empleados y exempleados del Instituto no habrían declarado su patrimonio, inclusive su extitular Carlos Bienchinelli, ¿podría usted dar detalles de este tema y contarnos que está haciendo ahora el instituto al respecto?

- Nosotros estamos esperando que actúe la justicia. Ya hemos colaborado y ofrecido toda la información que nos requirieron en ese aspecto. El procedimiento ya no depende de nosotros sino que está en manos de la justicia.

¿Usted no desconoce que en 2014, de los 175 millones de pesos que casinos debía enviar a programas de salud sólo llegaron 66?

- Si es así, es real, ese es el monto que se destinó a los programas durante los períodos 2014-2015.

Hay una investigación en curso que está trabajando sobre la sospecha de que los fondos que debían destinarse a salud entre 2009 y 2015 se enviaron a otros destinos como sueldos altos y publicidad, ¿esto es correcto? Y en consecuencia ¿por qué aún no hay sanciones para la anterior administración?

- No corresponde a la nueva gestión sancionar a las administraciones anteriores. Para ello están los organismos de control que revisan los resultados de esas gestiones e hicieron observaciones graves. Estamos hablando por ejemplo de las observaciones del Tribunal de Cuentas que generaron denuncias realizadas por Fiscalía de Estado, denuncia en la que nos hemos hecho parte por posible perjuicio patrimonial al Instituto.

En 2017, según la pauta, se deberá destinar 250 millones a salud ¿Alcanzará el IPJyC esta meta?

- Ese es nuestro mayor desafío. Lo cierto es que recibimos la institución con una deuda de aproximadamente 100 millones de pesos y lo primero que hicimos fue trabajar para quedar sin deudas. Esto ha requerido mucho esfuerzo por parte de todo el cuerpo institucional pero así hemos logrado superar el monto destinado a los diferentes programas, de hecho ya llevamos transferidos 121 millones. Una cifra histórica en los últimos 10 años de gestión del instituto.

¿En qué consiste el convenio firmado recientemente con la Universidad Nacional de Cuyo?

- Este convenio tiene por objetivo establecer pautas de calidad en la prestación de los servicios que ofrece el Instituto. Queremos alcanzar la certificación de Normar ISO 9001 y para ello vamos a comenzar con el sector de Lotería y Quiniela, que es uno de los sectores más organizados que tenemos en la institución, serian ellos quienes comiencen con trabajo de certificación para luego proseguir con el resto de las oficinas. Esto desde lo externo. Desde lo interno, estamos trabajando en la aplicación de proyectos que tienen que ver con el ahorro de los recursos con los cuales se maneja la institución. El más específico es el de ahorro energético. Ya hemos capacitado al personal y estamos esperando los resultados del marco de consumo energético para comenzar a tomar las medidas de ahorro necesarias. También la idea es certificar norma de uso y eficiencia energética. Además estamos trabajando en un sistema de aplicación de expediente electrónico. Con estas acciones lo
que perseguimos es hacer eficientes los procesos administrativos y de recursos con los cuales contamos.

Hasta la fecha se han cerrado las salas anexas de Uspallata y Eugenio Bustos, y se estipulan hacer lo mismo con los de La Consulta, Tunuyán y Tupungato. Ante este panorama: ¿hay una política de achique de oferta de juegos en la provincia por parte del actual gobierno?; ¿No es contradictorio abrir un casino nuevo en la región donde se está cerrando otro? Y ¿qué será de la suerte de los empleados de esas salas de juego?

- En realidad yo no le llamaría política de achique. Hace 10 años atrás cuando se firmaron las concesiones de los anexos se pensó que con esta decisión se iba a reactivar el turismo en las zonas donde se instalaron, la realidad es que no ha sido así. Hemos tenido un tiempo prudencial como para saber a ciencia cierta que los anexos no generan mayores beneficios en este aspecto y que impactan de manera negativa en las economías regionales. Esto que estamos haciendo de no conceder nuevas concesiones no es un achique sino una política pública correctiva. Con respecto a una nueva apertura no hemos tomado una decisión, estamos analizando que es lo mejor y más conveniente para todos. Con respecto a los puestos de trabajo, la ley de empleados administrativos prevé la posibilidad de que cuando se cierra una repartición los empleados pasan a disponibilidad, esto es, se les sigue pagando el sueldo normalmente durante 6 meses y luego se los indemniza. De todos modos estamos buscando reubicarlos en otras reparticiones dentro del Instituto o de la administración pública, siempre según las necesidades de personal que surja.

A principio de este año fueron despedidos 80 trabajadores de casinos de la provincia, lo que desató un problema con el sector sindical, ¿cómo están las relaciones ahora con los sindicatos y con las alas más combativas de ATE?

- En realidad no hemos despedido a personal, lo que hicimos fue dar de baja contratos de planta que eran hasta incluso precarios para los mismos trabajadores. La verdad es que no podíamos afrontar tanto gasto en personal y la planta estaba superpoblada. Creo que hemos llegado a una situación en donde podemos establecer y discutir las cosas con seriedad y respeto.

Para finalizar, ¿por qué cree usted que es tan rechazado en nuevo convenio colectivo de trabajo que impulsa el gobierno de Cornejo por los sectores sindicales, en relación con los empleados de Casinos?

- Todas las cláusulas del convenio fueron analizadas en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de ambas cámaras, donde las mismas y por mayoría decidieron llevar al recinto el convenio para su aprobación, excluyendo aquellas cláusulas que se contraponían al bloque normativo legal y constitucional que rige los convenios colectivos de trabajo en la Provincia y en la Nación. Como por ejemplo aquella que permitía el acceso directo de un familiar en caso de fallecimiento, esto va directamente contra la ley de igualdad e idoneidad del cargo, además de impedir el ingreso por concurso. En definitiva las cláusulas que se rechazaron fueron las que violaban el marco normativo legal y constitucional que rige a los convenios en el ámbito provincial y nacional.


 

 


 

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