Fiden: La Causa Se Armó Sobre La Base Del Escándalo, No Tiene Ningún Sustento Fáctico

Luego de haber pasado más de una semana desde que se llevaron a cabo los allanamientos por parte de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) a empresarios y asesores vinculados con la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (Fiden), la causa conserva el carácter de secreta y los acusados continúan clamando su inocencia. Marcelo Castillo, abogado de la Fiden, explicó que la causa responde a un encono personal del fiscal Roberto Contreras y que, más que una maniobra política, hay un manejo arbitrario e ilegal del expediente.

Castillo explicó que las acusaciones son totalmente falsas porque no hay ningún antecedente respecto del lavado de dinero por parte de Fiden. "Es una agrupación gremial con más de 15 años de experiencia y durante todo este tiempo ha tenido personalidad jurídica, patrimonio propio y lo único que tiene son las cuotas de los asociados y el lavado de activos es ocultar el origen lícito de bienes y en este caso no existen bienes de la propiedad de Fiden que puedan haber sido obtenidos ilícitamente" dijo y señaló que están esperando que el fiscal les diga cuáles son las pruebas, porque ellos opinan que no existen.

El abogado consideró que los allanamientos no se deben a una maniobra política, sino a una actuación arbitraria e ilegal por parte del fiscal que tiene una obsesión contra la actividad que desarrolla Fiden. "Eso se demostró por ejemplo que en el mes de enero de este año se hicieron allanamientos a seis locales de máquinas de habilidad y destreza de entretenimiento electrónico, allanamientos que fueron declarados ilegales por el juzgado de garantías. Entonces eso nos hace sostener que más que ser un tema político es un tema de arbitrariedad de la autoridad investigativa, que en nuestra opinión se ha contaminado con la visión de los casinos tradicionales". Castillo señaló además que el hecho de que se realicen seminarios conjuntos con el Ministerio Público, la policía de investigaciones y la Superintendencia de los Casinos de juego atenta contra de la objetividad de la investigación.

Asimismo, el letrado salió al cruce de las acusaciones del senador Alejandro Navarro, quien acusó a la Fiden de ingresar máquinas de juegos de forma ilegal a Chile. "El senador Navarro representa a una posición que es contraria precisamente al juego, por lo tanto eso lo lleva a hacer afirmaciones que en todo caso no están probadas. En el caso de las máquinas hay una regulación bastante estricta en Chile de la Dirección Nacional de Aduanas, que fiscaliza los ingresos de todas las mercaderías y bienes que puedan ser lícitos o no y hay un control bastante férreo de lo que se considera legal. Hasta el día de hoy no existe ninguna incautación de máquinas que hayan sido consideradas ilícitas en los términos que señala el senador Navarro", afirma.

Al referirse a la denuncia que se llevó a cabo en un medio de la ciudad de Santiago sobre el presunto financiamiento ilegal de campañas políticas por parte del gremio que representa, Castillo aseguró que "cualquier investigación sobre la materia depende del Servicio Electoral, hasta la fecha no tenemos ninguna acusación a Fiden y no podría haberla tampoco porque no ha contribuido a ninguna campaña política por lo tanto esas imputaciones también son falsas. Esperamos que el fiscal demuestre lo que ha dicho el Diario La Tercera sobre el financiamiento supuestamente ilegal de campañas políticas. Acá en Chile hay una reglamentación y los organismos competentes no han dicho
nada en ese sentido". No obstante, reconoció que, como todo gremio, Fiden promueve los intereses de sus asociados y se solicitan reuniones con personas que son decisores a través de las vías regulares. Asegura que las reuniones con sectores de la política o del parlamento siempre estuvieron en el marco de la vinculación regulatoria y que se realizaron por los conductos legales.

Castillo insistió que todos estos pormenores se realizaron sobre la base del encono personal y falta de objetividad del fiscal hacia el gremio. "Acá en Chile hace unos días se conoció la sentencia por el lavado de activos de un caso que se llamó "milicogate" en donde un militar robó miles de millones de pesos y gastó 2.500 millones en el casino Monticello y en esa causa que era realmente grave de lavado de activos, este fiscal ni ninguno otro del Ministerio Público realizó ninguna investigación al respecto. Es más, hasta la fecha no hay conocimiento sobre si los organismos fiscalizadores, La Superintendencia de Casinos, el Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado hayan iniciado gestión alguna para recuperar esos dineros públicos". Por casos como éste, el abogado asegura que existe una persecución en contra de Fiden que se ve en cosas tan absurdas como el estar persiguiendo a sus asesores como si fueran delincuentes.

Asegura que la prueba más evidente son las filtraciones del caso que han llegado a la prensa. "El fiscal, el único argumento que tiene para no darnos a conocer el contenido de la imputación a las supuestas pruebas que tiene es que la causa es secreta. Sin embargo nosotros pedimos que sancionen a los funcionarios públicos que filtraron información en una audiencia que se realizó el 29 de agosto pasado. Hicimos la denuncia en contra del fiscal y en contra de la policía para que determine quién fue el que filtró esta información". Para Castillo esto es muestra clara de que se está tratando de armar un caso sobre la base del escándalo y que no tiene ningún sustento fáctico "¿Cómo se explica que los medios y toda la ciudadanía conozca las supuestas acusaciones y los principales acusados no conozcan ningún antecedente de la causa?", advierte.

El abogado explicó que una de las primeras acciones que se van a realizar en los próximos días es pedir que se quite el carácter de secreto a la investigación, ya que eso perjudica a la defensa porque se necesitan conocer a fondo las acusaciones del fiscal para analizar las pruebas, desvirtuarlas y así demostrar que sus defendidos son inocentes de los delitos de que se los acusa. "Ahora lo que más nos preocupa desde el punto de vista de las personas afectadas es justamente el manejo comunicacional que están haciendo con esta información que es totalmente destructiva al usar delitos tan graves, ya que una vez que se dicte sentencia absolutoria la relevancia que se le da en los medios es totalmente nula, cuando ya han destruido a las personas, a sus negocios y su reputación".


 

 


 

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