FIDEN: La Actividad "Por El Momento Está En Vía De Extinción"

Por estos días la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos de Chile (FIDEN) está en el ojo de la tormenta al ser blanco de una investigación penal por sospechas de juego ilegal y lavado de activos, y por haberse aprobado en el senado una ley que prácticamente haría desaparecer a los denominados “casinos populares”. Marcelo Castillo, abogado del gremio, explicó que sus representados están demostrando que "se construyó un caso con información falsa" y esta situación hizo que la actividad esté pasando por un momento complicado, que llevó a los operadores a manifestarse frente al Palacio de la moneda y al Congreso para pedir que se regule la actividad en vez de hacerla desaparecer.

Mientras la investigación realizada a instancias del fiscal Roberto Contreras, hoy fuera del caso, el representante legal de la FIDEN advierte que toda la investigación se construyó sobre la base de hechos falsos. Castillo explica que el Ministerio público basó su denuncia en un estudio publicado por la Universidad Católica de Chile (UCC) en 2016, el cual, advierte, fue mal interpretado. "Ese estudio tenía como objeto hacer un catastro en general de las máquinas electrónicas sin determinar si eran de azar o de habilidad y destreza, porque eso requería, obviamente, un estudio de mayor extensión e intensidad, y solamente catastró las máquinas electrónicas. Ese estudio fue el que usó el fiscal para iniciar esta investigación por lavado de activos y juego ilegal bajo la premisa de que los locales que estaban consignado en ese catastro eran precisamente casinos ilegales", explicó Castillo y añadió que producto de ese estudio se elaboró un informe policial que determinó que en la región Metropolitana había 186 casinos ilegales y que ello determinaba que había juego ilegal, lavado de activos, asociación ilícita y cohecho.

Pero en la contra-investigación de los asesores legales de FIDEN parecen haber encontrado un camino legal para sostener su postura. Al parecer el estudio en el que se basó la denuncia del fiscal no estaba destinado a determinar si las máquinas en cuestión eran de azar o de habilidad y destreza y solamente habla de máquinas. "Por lo tanto hay una manipulación del fiscal y los policías que estuvieron a cargo de la investigación, que hicieron un informe bastante grande, como unas tres mil páginas que cuenta con un informe central y 210 anexos, en el cual se individualizaba cada una de las casas de juego que existían en la región metropolitana" puntualizó el abogado. El informe de la UCC no tendría como objetivo determinar la naturaleza de las máquinas y sumado a esto, los abogados destacan que la policía solamente realizó una inspección visual a 36 locales, sin que se hayan realizado pericias a las máquinas, por lo que Castillo señala que no se puede hacer una afirmación verdadera sobre las acusaciones que pesan sobre los integrantes del gremio.

Pero la cosa no termina aquí. Los asesores legales de la FIDEN pidieron a la UCC que explicase por escrito los alcances metodológicos del estudio y si tenía por objeto determinar si las máquinas instaladas en estos locales eran de habilidad y destreza o de azar. Por otro lado, solicitaron que se convocara a la Superintendencia de Casinos para que informase si habían o no periciado las máquinas de los 36 locales para determinar si eran realmente de azar en los términos que se habían dado la imputación del ministerio público. Por una parte la UCC envió un escrito que decía que "el estudio Catastro de Máquinas de Juego Electrónico en Salas a Nivel Nacional (...) no buscaba determinar si las máquinas de juegos a catastrar eran de destreza y habilidad o de azar. Por lo anterior, no es correcto afirmar que el
estudio (...) incluía sólo máquinas de azar". Por su parte, la Superintendencia dijo que nunca había periciado los locales ni mucho menos las maquinas en ellos instaladas, por lo que la autoridad reguladora no puede asegurar que fuesen máquinas de azar como asegura el Ministerio Público.

Castillo sostuvo que "la consecuencia lógica es que las imputaciones se hicieron sobre afirmaciones falsas que consistieron en manipular el informe de la universidad para criminalizar la actividad; dijeron que la Católica determinó que había 186 casinos clandestinos de máquinas de juego de azar y había juego ilegal, por lo tanto había lavado de activos, asociación ilícita, cohecho y una serie de delitos. Producto de eso, nosotros pedimos que se citara al fiscal a una audiencia que se celebró hace unas tres semanas para que dijera cuáles son los delitos por los cuales están investigando a mis representados y dijo que era juego ilegal en relación con asociación ilícita y lavado". A partir de esto, el juzgado dio un plazo de 90 días para que se cerrara la investigación en audiencia judicial, tiempo suficiente según Castillo para pedir el sobreseimiento ya que, según su parecer, "no existen tales hechos de juego ilegal en los términos que fueron planteados por el ministerio público".

Los representantes y trabajadores afiliados al gremio se manifestaban frente al Congreso y al Palacio de la Moneda para expresar su descontento con el proyecto de ley impulsado por el Senador Alejandro Navarro, el cual podría afectar a cerca de 110.000 personas que viven de estas máquinas de forma directa e indirecta. Castillo sostuvo que "después de las acusaciones tan graves que hizo el ministerio público, la voz del gremio quedó bastante reducida porque obviamente se los trata como criminales, que fue el objetivo que tenía el fiscal anterior a cargo de la investigación de criminalizar la actividad. En los próximos días nosotros vamos a demostrar que las acusaciones eran falsas, que acá se construyó un caso con información falsa, se criminalizó la actividad y que finalmente va a derivar probablemente hoy en día en una prohibición".

Producto de la investigación y de las modificaciones legales que se acaban de aprobar en el senado la actividad se ha restringido de manera preocupante para los dirigentes del gremio. No se han otorgado más patentes, se cerraron muchos locales y hay municipios que optaron por prohibir de cuajo estas salas, quitar patentes, permisos y autorizaciones para que dejen de operar. Con la mitad del proceso legislativo aprobado, los representantes de la FIDEN van a esperar la tramitación legislativa y estar atentos a las decisiones de las comisiones del senado para ver en qué términos pasa a la cámara baja. "La regulación que pretendía el gremio- agregó Castillo- era que (las salas) no proliferaran de forma excesiva y que tuvieran muchas limitaciones para que no fuera la ley de la selva, era justamente restringir, pero haciéndolo de forma legal a través de una ley votada democráticamente. Hoy en día es una actividad que por el momento, está en vía de extinción".


 

 


 
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