Al ser consultada durante su participación en el programa de Tomás Mosciatti en CNN, sobre la cantidad de recursos que mueve esa industria que está al margen de Ley de Casinos, reconoció que es “perfectamente plausible” pensar que se esté lavando dinero ilegal en estos centros.

La autoridad reconoció, además, que “si uno considera que el actual mecanismo de regulación que existe hoy en día en los casinos todavía tiene espacios de mejora, todavía es perfectible y está regulado, y tenemos situaciones que no nos gustaría que ocurriesen. Claramente en el mundo ilegal este tipo de situaciones se puede multiplicar y adicionalmente hay otro tipo de situaciones que se pueden manifestar y de las cuales uno no podría tener algún control”.

Si bien defendió la posición de sacar adelante los cambios legales que propone el Gobierno, la superintendenta de Casinos, recordó que en la actualidad está reconocido que las máquinas de premio programado son ilegales puesto que son de azar, por ende, no pueden estar fuera de los casinos regulados.

Villagrán, junto con señalar que las máquinas son ilegales, dijo que existe una responsabilidad en la fiscalización de los municipios en esa materia. A esto agregó que “la Contraloría también ha señalado que en esto los gobiernos regionales, también, tienen un rol que jugar respecto a la persecución de esta actividad ilícita”.

En esa línea, recordó que en los últimos años han existido municipios que han buscado cerrar la polémica no renovando patentes o cerrando los locales con máquinas de juego electrónico no certificadas, lo que se ha judicializado, sin embargo, las cortes de apelaciones -indicó- han terminado por darle la razón a los municipios, avalando el cierre.

Villagrán se refirió a las actuales fiscalizaciones que se desarrollan por parte de su entidad a los casinos regulados en el país.

Al respecto reconoció que existen brechas que deben ser subsanadas, como también, profundizar la coordinación entre entidades del Estado para supervigilar lo que ocurre dentro de los casinos.

Ante esto, se refirió al caso del cabo del Ejército Juan Carlos Cruz, el mismo que jugó más de $2.700 millones provenientes de los fondos de la Ley Reservada del Cobre.

“Los casinos tienen la obligación de reportar dos tipos de situaciones. Primero, las personas políticamente expuestas que no pueden entrar a un casino”, y segundo “también tienen la obligación de reportar y registrar todas las transacciones de más de 3 mil dólares”, añadió.

Sin embargo, entregó algunas claves de lo que podría ocurrir en casos como lo sucedido con el funcionario de menor rango del Ejército, explicando que “las transacciones se pueden disminuir para no llegar al umbral de los 3 mil dólares, por lo tanto, hacer muchas pequeñitas que finalmente suman una gran cantidad de recursos y eso no es visible automáticamente por cómo está diseñado el sistema”.

Al consultársele si el sistema está mal diseñado, señaló categórica “absolutamente”. Agregó que como SCJ tienen un desafío importante, que tiene que ver cómo introducen elementos que, de alguna manera, permitan el rediseño de los proceso de fiscalización y la utilización de fuentes de información que permitan hacer cruce de datos y análisis de los mismos.

Sobre los programas de fidelización que llevan adelante los casinos, la autoridad reconoció que no tiene ninguna potestad puesto que son empresa relacionada, es decir, bajo un RUT distinto al casino en sí.

Al ser consultada si era una trampa al sistema por parte de los casinos regulados –los que debería operar de buena fe-, la superintendenta reconoció que “sí”.

Sin embargo, precisó que “los clubes de fiscalización tienen como objetivo, básicamente, implementar la política comercial que los casinos tienen. Lo que nosotros estamos conversando acá es cómo levantamos situaciones de riesgo en las cuales eventuales jugadores que no pueden explicar el origen de los fondos de las apuestas que están haciendo sean sujetos de investigación. Por lo tanto, creo que aquí lo que tenemos que hacer -es lo que se está trabajando en estos momentos- es cómo comenzamos a cruzar cierta data e información que estos casos lo releve”.

Uno de los puntos que marcó la titular de la SCJ es que “podría existir” en la actualidad personas que, ganando $560.000 al mes, pudieran gastar más 2.300 millones de pesos en poco tiempo.

Sin embargo, matizó esa declaración al explicar que han trabajado en la coordinación con otros estamentos, por lo que indicó que, si bien tienen brechas que se buscan subsanar con la actual ley que modifica la legislación sobre casinos, se ha ido trabajando en cerrar los espacios para que no se repitan casos como el del cabo del Ejército Juan Carlos Cruz.