El Juego Es Demasiado Importante Para Dejarlo Librado Al Azar

por Juan José Marc

Hay una ley no escrita en el mundo del juego: «Lo que no hace el juego legal, lo hace el juego ilegal ».
Este enunciado, demostrado como aserto por la realidad del hábito milenario del hombre de jugar por dinero, sólo prueba que la ecuación económica que se mueve alrededor de las apuestas por dinero permanece inmodificable.

Sus efectos, en cambio, no son los mismos. Dicho de otra manera: los resultados de la legalidad y la ilegalidad en el juego son claramente diferentes. Lo único que no cambia es qué se juega y cuánto se juega. Diferentes estadísticas así lo demuestran.

Los beneficios de la legalidad recaen en el Estado, en las empresas sólidamente constituidas, en la sociedad, en morigerar los efectos no deseados de la actividad, en proteger al usuario y en garantizar la transparencia de todas y cada una de las etapas de la actividad en sus formatos presenciales y el ahora tecnológico, que avanza a pasos agigantados.

La ilegalidad, en cambio, exacerba todos los aspectos negativos, incrementa los efectos no deseados (ludopatía) y genera el caldo de cultivo para otras actividades ilegales (prostitución, usura, lavado de dinero).

Ya ha quedado demostrado lo antedicho con la experiencia iniciada en el año 2002 en el territorio de la provincia de Buenos aires, donde se canaliza el 53 % del volumen total de juego que se mueve en la República Argentina.

El sector privado explotaba desde 1991 la concesión de salas de bingo tradicional, con el agregado, a partir de mediados de esa década, de máquinas electrónicas de juegos de azar.

En 2001 funcionaban oficialmente cerca de 2.000 máquinas, que representaban para el Estado provincial el pago de un canon cercano a los 10 millones de pesos. El 25 de noviembre de ese año se sancionó en la Legislatura provincial una ley que «suspendía» sin plazos el funcionamiento de todo ese parque de máquinas.

Obviamente el empresariado mantuvo funcionando las salas y las máquinas, recurrió a la Justicia y logró mediante «recursos de amparo» una continuidad precaria de la actividad.

Los cambios políticos operados en la Argentina, como consecuencia de la crisis de finales de ese año y principios de 2002, incorporaron un elemento novedoso en esta irregular situación: una nueva conducción del gobierno provincial, en manos del entonces gobernador y actual diputado nacional Felipe Solá, resolvió la cuestión.

La sanción de una normativa específica modificó la percepción de un canon fijo por máquina y la convirtió en un porcentaje (el 34 %) de la ganancia producida después de pagados los premios.

La norma establece además que las máquinas deberán estar conectadas on line, en tiempo real con el organismo de control, reportando todos aquellos eventos vinculados en forma directa e indirecta con la recaudación. Por cada máquina instalada en la sala el operador deberá demostrar fehacientemente que tiene un empleado contratado en su nómina de personal.

Y el resultado se observa en números.

La recaudación del sector pasó a ser en 2003 - primer año de funcionamiento - de 208 millones de pesos, con un parque cercano a las 5.000 máquinas. En 2004 el Estado provincial recaudó 340 millones de pesos con un parque del orden de las 7.000 máquinas, y en 2005 se acercó a los 500 millones, con más de 9000 máquinas en juego.

A partir de la sanción de la norma el sector de explotadores privados, que valoró la seguridad jurídica generada por la nueva situación, invirtió más de dos mil millones de dólares en la actividad, ampliando y renovando el parque de máquinas y sus instalaciones.

Hoy hay más de 17.000 empleos directos en el sector y se incrementó exponencialmente el valor global de las instalaciones de juego.

En forma conjunta, el Estado y los operadores comenzaron a destinar fondos en un plan ampliado de acción contra los efectos no deseados del juego, encarando acciones directas y a través de ONG de apoyo y contención a las víctimas de la ludopatía, y se implementaron nuevos sistemas de seguridad y control a través de imágenes de las salas
transmitidas en tiempo real a un centro de control administrado por el organismo regulador.

Simultáneamente, casi medio centenar de entidades de bien público reciben entre el 1 y el 6 % de la recaudación bruta de cada sala en concepto de aportes previstos en la normativa, y la totalidad del incremento de ingresos al sector público se canaliza a los presupuestos gubernamentales de acción social, salud, educación y seguridad.

A casi una década del inicio de este resonante caso de éxito, un nuevo desafío se plantea para los reguladres de la región y una vez mas parecen ir a destiempo con las urgencias de la realidad. Los juegos por Internet, en todas sus variantes -apuestas deportivas, poker virtual, casinos y tragamonedas - ingresan masivamente en la cotidianeidad de más de la mitad de los hogares latinoamericanos, conectados a Internet.

Sin embargo, los recursos que allí se generan, inexorablemente abandonan la región, no pagan impuestos específicos, mas allá de que algunas grandes empresas tratan de "legalizarse" interpretando y cumpliendo a su modo con las cargas tributarias que consideran les caben.

Latinoamérica toda está unida por un denominador común: los países que la componen tienen Estados necesitados de recursos. Toda alternativa de incremento de recaudación fiscal para optimizar las políticas de estado es bienvenida, e indudablemente necesaria.

Por ello es que sostenemos la necesidad de crear un modelo, una normativa y una política de juego latinoamericana, quizás con matices diferenciadores pero básicamente similares desde el sur del río Bravo hasta Ushuaia.

No sirven los intentos de extrapolar experiencias de otros países con situaciones y problemáticas claramente diferenciadas. Este modelo debe considerar como condición sine qua non que toda empresa explotadora de juego esté radicada en el país en el que opera.

Las licencias que les permitan operar - adjudicadas por el Estado a través de sus entes reguladores- deberían ser otorgadas bajo claros modelos de equidad  y transparentes, de ser posible con multiplicidad de licencias, sin concesiones monopólicas.  Así se generaría libre competencia con variedad de ofertas en un marco legal regulado, auditado y controlado.

En este aspecto, no podemos dejar de puntualizar la necesaria intervención del Estado para poder controlar los flujos de dinero derivados de las apuestas y de las ganancias, evitando generar las condiciones propicias para posibles maniobras de lavado de activos.

La generación de empleo y el arraigo del capital a través de incentivos a la inversión en la misma región donde opere cada una de estas explotaciones constituyen otro pilar de este modelo propuesto, que en síntesis, no es más ni menos que plantear la necesidad de una ley de juego que enmarque la sanción de normativas jurisdiccionales necesarias para ordenar los matices locales de cada modelo de explotación.

Estas acciones generarán un sorprendente nivel de ingresos fiscales para los responsables de la conducción política del Estado y un sólido marco de seguridad jurídica como para atraer inversiones consolidadas de distintas regiones del mundo hacia nuestros territorios.

Las actividades destinadas a satisfacer las demandas de ocio y entretenimiento, donde las ofertas de juego son fundamentales, junto con la industria turística, pasarán a revestir una jerarquía relevante, que las colocará dentro del conjunto de indicadores sustanciales de la economía real de nuestros países.

En muchos casos hoy la actividad reviste esa relevancia, pero su condición cuasi ilegal y el oscurantismo que la rodea hacen intangible esta realidad.

De todo lo antedicho parece desprenderse casi naturalmente una conclusión poco menos que paradojal:

El juego es algo demasiado importante para dejarlo librado al azar.


 

 


 
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