Los Temas Entre Panamá y EEUU: Lavado Y Narcoterrorismo

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Por Francis Thief

El gobierno de Panamá, que encabeza el presidente Ricardo Martinelli Berrocal, se ha ganado una posición expectante por parte del Departamento de Estado de los EEUU., y de sus organismos de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo internacional y el lavado de activos.

Esta semana, el subsecretario adjunto de la Oficina del Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, Luke Bronin, visitó Panamá para abordar temas como el reciente uso de empresas fantasmas en Panamá pertenecientes a la línea naviera de la República Islámica de Irán (IRISL), siendo identificadas por medidas tomadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros en octubre de 2011.

Bronin tuvo reuniones con la Administración de la Zona Libre de Colón, la cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Bancos, en las que los participantes conversaron sobre la importancia de contrarrestar la actividad financiera ilícita.

También se reunió con representantes del sector privado en Panamá, incluyendo banqueros y abogados, e instó a elevar la vigilancia y coordinación público-privada al enfrentar las crecientes amenazas de las operaciones de lavado de dinero en la región, que están conectadas al tráfico de narcóticos y al financiamiento del terrorismo.

El sector de los juegos de azar también está incluido en la mira, ya que la no implementación de adecuadas medidas de control sobre sus operaciones y la falta de información y transparencia en la adjudicación de licencia de operación, convierten a la actividad en una herramienta potencial al servicio del lavado de activos.

En el marco de la gestión Martinelli, la Junta de Control de Juegos panameña, entidad que regula el funcionamiento de toda la actividad presencial de Juegos de Azar, otorga permisos de explotación a través de resoluciones que no son públicas.

En 2007 habían aproximadamente 2,800 máquinas distribuidas en todo el territorio del país, en salas con un máximo de 15 máquinas por sala, en el rubro de explotación referido a operación de juego de azar basado en tragamonedas - es decir que no incluye a las salas de casino con juego de paño autorizado - . Desde el 2009, el Gobierno actual, ha entregado  autorizaciones adicionales, con un número de 300 a 500 máquinas cada una y también se ha autorizado notablemente la cantidad de máquinas a los permisos anteriores.  

Se estima que en la actualidad el mercado tiene aproximadamente unas 5.300 máquinas funcionando en salas en las que no está autorizado el juego de paño con dados y carteado. El estado cobra un canon fijo mensual por cada una de estas máquinas de 125 dólares. Expertos en juegos de azar afirman que esa cifra representa la recaudación bruta de cada máquina después del pago de premio en un lapso de dos días.

La Administración actual ha "olvidado" el requisito que permitía el otorgamiento de estas licencias, en tanto las salas autorizadas no superaran la cantidad de 15 máquinas por local. Una Resolución de enero del 2011, permite a la Secretaria de la JCJ a  autorizar el número de máquinas que puede operar en cada sala, omitiendo el tope antes mencionado, lo que ha llevado a que sea normal observar la existencia de salas de hasta 180-200 puestos de juego.

Los números del quinquenio

En el 2007 operaban legalmente en el país 40 casinos y
salas de tragamonedas, (no se incluyen las salas de máquinas denominadas tipo C, que fueron tratadas en párrafos anteriores en esta misma nota). El grupo español CIRSA operaba 25 salas y un casino, la empresa Crown explotaba 4 casinos y 1 sala, Thunderbild bajo la marca Fiesta tenía 6 casinos y otros tres operadores autorizados explotaban 3 casinos más, uno cada uno.

Actualmente, CIRSA posee licencia para explotar 31 salas, ya que en diciembre de 2011 obtuvo licencias para operación de 5 salas de Bingos Electrónicos, en la actualidad 2 de estas licencias ya están en operación y se espera que las 3 restantes sean inauguradas durante el corriente año.

Crown explota una sala y 5 casinos ya que se incluye al Crown Radisson Colón desde 2008 a pesar de que ese casino comenzó a funcionar en ese año, pero no operó entre junio 2009 y septiembre 2010.

Los casinos Fiesta, cuyo paquete accionario pasó de Thunderbird a la multinacional Codere durante el periodo analizado, se ha mantenido en el mismo número de seis casinos en funcionamiento y no ha operado nunca salas de tragamonedas.

Por último, a los casinos que operaban en los Hoteles Meliá, Royal y Venetto -uno en cada uno- se han sumado Golden Lion, Hacienda, Windland; y cuentan con licencia y se prevé su inicio de operación en estos días los casinos del Hilton y el de Flush Royal Sonesta, que aparentemente aún no posee autorización de la Contraloría de Gobierno.

Paralelamente a esto, existen tres licencias de casino en proceso de aprobación por parte de la JCJ para operar en los hoteles Trump, hotel ya inaugurado hace varios meses, Sortis Hotel, que se encuentra en construcción, al igual que el hotel Ritz, que también está en construcción.

Este crecimiento global en todos los ámbitos de la actividad y las dificultades que se registran para obtener la información específica aquí consignada, más una serie de indicadores que surgen de una sucesión de hechos complejos son los que a decir de voceros próximos al gobierno americano, ponen a Panamá bajo la lupa.

La presencia de Martinelli en una escuálida cumbre de países centroamericanos para proponer la despenalización del consumo de drogas, la existencia de 31 empresas locales en la red de 500 empresas que usaba el duque de Palma, Iñaqui Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos de España, para desviar fondos a través del Instituto Nóos, la prisión en México desde 2010 del primo del presidente preso por lavado de dinero, porque "hacía pasar mensualmente decenas de millones de dólares provenientes de la droga a través del mayor aeropuerto de Panamá", según The New York Times, se complementan con un informe del Departamento de Estado, expuesto durante la presentación de la estrategia para el control del narcotráfico internacional correspondiente al 2012, que reveló que Panamá se encuentra en la lista de los países con mayor lavado de dinero.

El documento define a un país con gran lavado de dinero como "Aquel cuyas instituciones financieras incurren en transacciones de divisas que involucran cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos''.


 

 


 
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