En Noviembre México Tendría Nueva Ley De Juego

Los legisladores del Parlamento mexicano se aprestan a discutir para su posterior sanción, la nueva ley que regulará la industria del juego en el país, luego de que la administración de Enrique Peña Nieto lanzara una serie de modificaciones al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, tendientes a poner en su justa medida a un sector que durante las últimas décadas se manejó con una vetusta legislación que se remonta al año 1947. Se trata, entre otros, de uno de los grandes cambios prometidos por el actual gobierno.

Se espera que la nueva normativa, por un lado, posicione reglas claras y ajustadas a los tiempos actuales, para que grupos empresariales -no siempre transparentes y que se aprovecharon de las circunstancias de una zona legal gris para acrecentar sus ganancias-, compitan dentro de un marco lícito en un segmento económico que mueve millones de dólares y con grandes ingresos impositivos para el estado. Por otra parte, la nueva ley deberá también prever acciones de índole social, como es la defensa del consumidor de juegos y especialmente el tratamiento de la ludopatía, que afecta a miles de ciudadanos mexicanos.

Se prevé que el tratamiento legislativo del tan esperado articulado comience a partir del próximo 8 de octubre.

La mayoría de los diputados confían en que la nueva ley regulatoria será votada en apenas 30 días, aunque observadores políticos y legislativos estiman que no será tan rápido. Pero pasará a sufragio antes de que acabe el período ordinario de sesiones, es decir, precedentemente al 15 de diciembre del 2014. Una ley perfeccionable -opinan-, pero que es considerada como un avance en la materia, y que está al límite del sexenio, ya que si no es aprobada ahora no pasará hasta el 2019/2020.

Una votación que ya se anticipa no será unánime, y que de acuerdo con algunos sondeos no oficiales, indican que las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Nueva Alianza (Panal) lo harán a favor de la nueva reglamentación. Mientras que el PRD (Partido de la Revolución Democrática) votará dividido, y en las filas del PAN (Partido Acción Nacional) se estima que, en general, habrá oposición y una gran cantidad de abstenciones.

En octubre del pasado año, Peña Nieto dio inicio a un cambio en este sector por medio de un decreto, modificando el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para impedir a permisionarios ceder los derechos a terceros y prohibiendo además las tragamonedas en cualquiera de sus modalidades (salvo en los casinos, legalizando los llamados "sorteos de números o símbolos a través de máquinas").

Bajo anteriores gobiernos, operadores que accedían a una licencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), podían rentarla o dividirla a otras empresas, lo que les permitió hacerse de ganancias multimillonarias. Ahora el proyecto de ley fija que el perído de explotación de las licencias otorgadas no podrá ser superior a 10 años y se concederá una licencia por establecimiento, como sucede por ejemplo en el estado de Nevada.

La lucha iniciada contra las tragamonedas ilegales, también está logrando sus efectos. El gobierno ya comenzó desde hace unos meses una campaña de decomiso de estos aparatos, que generalmente operan en tiendas y otros locales comerciales, sin ningún tipo de autorización. La pasada semana, por ejemplo, se destruyeron más de 1.000 máquinas confiscadas en 125 municipios del Estado de México, mientras que se estima que en todo el territorio nacional hay cerca de 150.000 operando, según datos oficiales. Estas máquinas generan ganancias cercanas a los 800 millones de pesos a la semana (U$S 59.250.000).

Otros grandes temas centrales de la futura legislación son la apertura hacia todo tipo de juegos, la certificación y homologación del personal y de los equipos de juegos, la fiscalización y el nuevo ente regulador.

El juego online y los juegos para dispositivos móviles, también merecen la atención de la norma legislativa. En ese sentido, los operadores deberán cumplimentar, además de los requisitos exigidos a los operadores terrestres, otros relacionados con la actividad de apuestas en línea. Por ejemplo, si los pagos de las apuestas se podrán realizar con tarjetas de crédito o débito y si deben ser solo aquellas expedidas por instituciones financieras reconocidas por las autoridades nacionales en la materia.

Además, los permisionarios deberán establecer su sitio electrónico bajo el dominio ".com.mx", e implementar los sistemas necesarios para garantizar que todas las actividades de juego en línea se atiendan desde ese sitio, así como que el sistema técnico de juego (equipo, servidores, sistemas, instrumentos y software), se encuentre instalado en territorio mexicano.

También entre las nuevas consideraciones de la ley, su articulado estipula la creación de un nuevo órgano de control del juego.

El presidente de la Comisión de Juegos y Sorteos en la Cámara de Diputados, Fernando Zárate Salgado (PRD), dijo que con esta legislación desaparecerá la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) -que actualmente preside Marcela González Salas-, para dar paso a un órgano desconcentrado que se encargará de otorgar los permisos.

El nuevo organismo será el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos (INJS), el cual tendrá un consejo consultivo que estará compuesto por las secretarías de Salud, de Turismo, Economía y de Gobernación, y organizaciones no gubernamentales, agregó Zárate Salgado. SeGob conservará el control absoluto de apertura o cierre de casinos, hipódromos, canódromos, frontones, ferias, peleas de gallos, y otras actividades de apuestas.

El director general del nuevo Instituto será designado por el secretario de Gobernación, y fuentes allegadas a la industria esperan que "de cara a un futuro de cambios en el sector, resulta imperante que el organo regulador no sea el premio de consolación de algún político en desgracia y que sea encabezado por un 'experto' en la materia que sea respetado a nivel internacional y que conozca la coyuntura del mercado mexicano".

Es un ítem necesario -dicen- "para lograr dar certeza a los permisionarios mexicanos legales y para mandar un mensaje a nivel internacional sobre la seriedad que está tomando la actual administración federal sobre el tema del juego".

Zárate Salgado(PRD), es asimismo claro en su posición frente a las reformas. "Lo que menos vamos a hacer (en esta discusión) es no tener miedo, ni asustarnos ni aceptar ningún amago (por parte de casineros); estamos firmes en la Comisión Especial y en la Cámara de Diputados en nuestras
convicciones y esta ley va a avanzar de manera correcta", aseguró el legislador.

El diputado reconoció la existencia de presiones de distintos sectores, pero reiteró que no recularán en su intención de aprobar una nueva ley en la materia. Agregó que los legisladores no se dejarán presionar ni asustar por presiones de empresarios casineros que pretendan "descafeinar" esta iniciativa de Ley.

Por su parte, las dos grandes asociaciones que nuclean a empresarios del juego como AIEJA (Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta), presidida por Miguel Ángel Ochoa Sánchez; y APJSAC (Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos) dirigida por Alfonso Pérez Lizaur, participaron en diversas reuniones con los legisladores, aportando opiniones y consideraciones en la Comisión Especial de Diputados Sobre el Funcionamiento de Casinos.

Ya en junio del 2013, el presidente de esa Comisión, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, expresó que "las opiniones que hemos estado recabando, para nosotros es muy importante para norma de los criterios de esta comisión especial. Para nosotros es un tema de alto interés público".

"Nosotros no satanizamos ni estamos en contra de la existencia de esta industria por sí misma, lo que queremos es que sea una industria ordenada, una industria que se base en la ley, que haya autoridades que actúen conforme a derecho y no de manera discrecional; que no haya ligada a esta actividad otras asociadas ilícitas y que de esta manera podamos construir una legislación, un marco jurídico y un conjunto de propuestas que ayuden hacia el futuro", agregó el legislador.

"Creemos que un país como el nuestro, tan necesitado de desarrollo económico, de inversiones, de progreso, evidentemente que lejos de estar viendo cómo se obstruye a las empresas, hay que ver cómo se les apoya, pero siempre -insisto- en el marco de la ley y que sean actividades que estén reguladas, que sean actividades que haya supervisión".

"Nosotros lo hemos dicho y aquí lo subrayamos, que el tema de los casinos, de los juegos y sorteos, nos parece que es un ámbito no sólo económico sino es un tema de gobernabilidad, de estabilidad", apuntó Mejía Berdeja hace más de un año, en una de las reuniones de la Comisión Especial con representantes de los permisionarios.

Las asociaciones del sector abogaron desde el inicio, por la sanción de una nueva ley federal que pusiera fin a años de discrecionalidad en el otorgamiento de permisos de juego.

"El entorno legal de esta actividad está sustentada en una ley de 1947, con un Reglamento del 2004. Finalmente qué bueno que hubo el Reglamento del 2004, si no seguiríamos trabajando sobre una total discrecionalidad del funcionario público. El Reglamento de 2004 tiene algunas cosas que deberían de mejorarse. Como consecuencia de ese entorno legal, la actividad hoy está sujeta a la discrecionalidad de la autoridad. Y como consecuencia de la alta discrecionalidad de la autoridad, se dieron todas las irregularidades que se dieron durante la administración pasada", explicaba Perez Lizaur en ese entonces a los legisladores.

La visión sobre este particular, del diputado perredista Zárate Salgado, coincide: "vamos a resolver el grave problema de corrupción y el de discrecionalidad en la entrega de los permisos", aseguró en estos días en una entrevista.

La nueva ley y el mandato que recaerá sobre el órgano regulador (INJS), deberá corregir todos los errores que fueron permitidos por una normativa que no se ajustó a los cambios tecnológicos y sociales, de un segmento industrial en continua evolución.

El proyecto de Ley será discutido en la Cámara de Diputados, y deberá volver a encauzar en el país una industria que socialmente es muy cuestionada, no solo por el luctoso episodio del atentado perpetrado al casino Royale de Monterrey, que causó la muerte a 52 personas en agosto del 2011; sino también por una infinidad de situaciones de dudosa legalidad que tomaron estado público en los últimos años, llegando a implicar incluso a oficiales judiciales, jueces, empresarios, y funcionarios municipales y estatales. Asimismo, el creciente número de personas con problemáticas ligadas al juego compulsivo, y la denuncia de organizaciones ciudadanas que consideran una escasa participación del estado para contrarrestar la ludopatía, golpean también a este reparto.

El cometido del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, será clave para el futuro de esta industria y de los operadores que desarrollan actividades o quieran hacerlo en suelo mexicano, ya que deberá garantizar la transparencia que los diversos actores involucrados vienen reclamando desde hace tiempo.

"Es de destacar, que no se podrán variar las condiciones originales con las cuales fueron concedidas las licencias actualmente en operación, pero el permisionario que se niegue a cambiar su antiguo permiso por uno nuevo, no tendrá derecho a los beneficios de la nueva ley, con lo cual se encontrará en desventaja competitiva con el resto, y es ahí donde el nuevo INJS tiene su fuerza para imponerse como autoridad", explicó un abogado especialista del sector del juego mexicano.

El nuevo órgano de regulación, con el apoyo de la nueva ley que sancionará el Poder Legislativo, tendrá un rol protagónico para esta industria en los próximos años en México, y por tanto quien esté al mando y sus colaboradores, deberán haber comprendido y aprehendido por completo las intrincadas situaciones que el mundo empresarial del juego presenta diariamente, para no volver a caer en los mismos errores que por décadas, lamentablemente caracterizaron a este compartimiento.

Los más de 200 artículos de la nueva ley, que según lo anunciado quedaría aprobada en noviembre próximo, deberán ser una normalidad y no la excepción para la industria mexicana del juego, que apunta a reconvertirse en un entorno de legalidad para lograr un mayor crecimiento que genere más puestos de trabajo, más inversiones, más atención a los problemas vinculados con el juego patológico y que deje un menor o un inexistente espacio para las actividades ilegales.


 

 


 
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