Operadores Siguen Reclamando Regulación De Tragamonedas Populares

Mientras buena parte del senado chileno discutía una nueva regulación en el sector del juego y la eventual prohibición de las máquinas que operan en los denominados casinos barriales, los responsables de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (FIDEN) trataban de demostrar a los legisladores, que el sector es blanco de una campaña de desprestigio por parte de la prensa y sectores cercanos a los casinos. La nueva cúpula de la entidad sostiene que quienes los atacan los acusan de administrar antros de delincuencia pero nunca, aclara, una denuncia en contra de esa organización llegó a condena.

Ramón Sepúlveda, miembro de la nueva cúpula gremial, encargado de comunicación y quien trabaja en el senado chileno para la defensa del gremio, explicó que desde el año 2003 la Fiden ha sido objetivo de las más variadas campañas de persecución por parte de los grupos económicos vinculados a la industria de los casinos. "Han puesto demandas a nivel nacional durante mucho tiempo con persecución y en su mayoría no han tenido buenos resultados. Sin embargo, como todo lo que tiene que ver con temas legales guarda relación con el sano criterio de fiscalía", explicó.

Para el gremio las cosas dieron un giro desde agosto último. En esa época los cinco miembros de la Comisión de Gobierno Interior del Senado votaron favorablemente para la regulación de los minicasinos chilenos, luego de una procesión de fiscales, carabineros, alcaldes y académicos quienes expusieron sobre el tema. Una semana antes la Fiden tuvo un fallo favorable de la corte de apelaciones respecto a un dictamen de la Contraloría que habilitaba a la Superintendencia de Casinos a intervenir directamente en las decisiones de las municipalidades en el otorgamiento de patentes para casinos barriales. La FIDEN apeló la medida y la corte les dio la razón lo que hizo que estuvieran en el mejor de los escenarios, con un senado a favor de la regulación y con la vara de la Superintendencia lejos se sus asuntos.

Éste fue el punto de inflexión y según Sepúlveda, apenas el gobierno habló de una regulación, sectores contrarios a la futura medida, con el senador Alejandro Navarro a la cabeza, se alzaron para denunciar a los casinos barriales como "antros de delincuencia". La historia sigue con hechos de público conocimiento; una junta directiva acusada de delitos como lavado de activos y evasión fiscal y nuevas autoridades que tratan de poner en agenda nuevamente el tema de la regulación. Los empresarios se enfrentan a un congreso adverso y partidario ahora de prohibir los minicasinos.

Pero esto tampoco es materia fácil para el senado. Los expertos constitucionalistas advierten que la carta magna chilena no prohíbe las tragamonedas de barrio y los códigos civil y penal no las penalizan, por lo que los legisladores tendrían, al menos, que modificar los códigos para eliminar de cuajo la actividad. En un estudio publicado por la Facultad de derecho de la Universidad de Chile se explica que sólo corresponde a los legisladores regular el funcionamiento de los juegos y apuestas, y esa potestad reglamentaria le permite intervenir en su ejecución y cumplimiento, pero no puede contradecir el mandato legal ni exceder lo que la ley dispone, imponiendo nuevos límites a la libertad económica privada. Cabe destacar que la constitución chilena asume un principio de apertura de todas las actividades lucrativas a la participación privada siempre que "no sea contrata a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen".

Sin entrar en laberintos legales, los representantes de Fiden explican que la constitución permite su actividad y los legisladores no sólo deberían modificar los códigos, sino además reformar la constitución para cerrar todas las posibles ventanas legales por donde los operadores de estas máquinas puedan obtener un poco de luz para sostener sus criterios. "Nosotros comprendemos que efectivamente puede haber un porcentaje, que desconocemos, de gente que puede estar sin permiso, que esté sin patente y claramente la ley tiene que actuar y los pueden cerrar porque tiene facultades para eso. Lo que nos
molesta es que usan esa excusa para enlodarnos a todos y poner un manto de duda en toda la operación", dice el ejecutivo, quien rescata que los estudios académicos y técnicos que existen al respecto, recomiendan la regulación del sector.

Los miembros de FIDEN están desarrollando una campaña de visibilización para tratar de demostrar no sólo la legalidad de su sector, sino además el desarrollo económico. En un estudio publicado por el gremio se destaca que la industria maneja más de 110 mil empleos directos e indirectos a nivel nacional, distribuidos en 5838 salas y 51.900 almacenes, lo que significaría un universo de 440 mil personas con beneficios directos por efectos de la industria de las máquinas de destreza. En el mismo estudio, se destaca que salas y almacenes existen alrededor de medio millón de máquinas distribuidas en 346 comunas, lo que estaría dando un estimado de 970 millones de dólares en ingresos anuales por ventas y unos 155 millones de dólares en impuestos al año en IVA y renta anual. El estudio indica que de regularse, la actividad contribuiría además con impuestos específicos del juego.

Sin embargo, el sector es por demás informal y se maneja en un gris peligroso y atado a ciertas normas constitucionales y legales que pueden ser de diversa interpretación. Sepúlveda admite que los locales y almacenes en donde funcionan máquinas, trabajan con patentes comerciales otorgadas por los alcaldes a partir de una ordenanza, estas patentes son precarias porque no son el fruto de una ley y una ordenanza puede ser fácilmente revocada. La falta de regulación hace la actividad muy frágil y pasto para que se instalen locales sin ningún tipo de permiso y con máquinas no homologadas que, según los directivos de la FIDEN, son quienes más perjudican a la actividad.

Pero las irregularidades no terminan aquí. En el ya mencionado estudio realizado por la facultad de Derecho se destaca que según los peritajes elaborados por LabCert, el Laboratorio de Certificación de la Pontificia Universidad Católica del Perú donde se han sometido las máquinas de "destreza" que se comercializan en Chile, se concluyó que son máquinas de azar, principalmente porque el jugador no interviene en el desarrollo ni en el resultado del juego y el resultado final está determinado por un software y hardware instalados en el interior de las carcasas de las máquinas ¿Qué hicieron las autoridades con este informe? Tanto la Contraloría como la Superintendencia no accionaron, a pesar de la supuesta infracción a la ley 19.995 sobre casinos de juegos, porque la actividad está calificada como lícita por los municipios donde opera.

Todos los estudios concuerdan que la única manera de poner orden a la anarquía en que se encuentra esta actividad es la regulación, incluso el estudio realizado en 2014 por el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile se recomienda orientarse hacia la regulación antes que a la prohibición, porque se observó que el juego en máquinas tragamonedas no está asociado a fenómenos de desviación social ni a otros juegos de azar o de apuestas. Tomados de la mano de estos argumentos y datos económicos, los directivos de la entidad prometen no quedarse quietos y presentar lucha. Los próximos meses van a ser testigos de un nuevo desfile de asesores, constitucionalistas, académicos y técnicos que van a presentar los argumentos para que los representantes de la FIDEN utilicen todas las instancias legales posibles para seguir siendo actores en el escenario del mercado del juego chileno.


 

 


 

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