Marcadas Diferencias Regulatorias En El Juego

Albertina Dore

Por Albertina Dore *

Un panorama lleno de conflictos, intereses contrapuestos y especulaciones se abre en Bolivia con la aprobación de la Ley de Juegos de Lotería y Azar.

Si bien los antecedentes normativos respecto al tema dejan entrever un histórico vacío jurídico que ha permitido el establecimiento de innumerables operaciones clandestinas, inseguridad jurídica para el desarrollo comercial y la pérdida de ingresos tributarios por parte del Estado, el punto más polémico de la norma sancionada reside en la fijación de las alícuotas y la distribución de lo recaudado en concepto de impuestos entre los diferentes niveles administrativos de gobierno.

Es válido entonces poder comparar algunos aspectos de esta norma con legislaciones de países como Argentina donde la sostenida presencia del rubro y su acelerada expansión han generado un efecto económico multiplicador en el mercado y ha producido una notoria transformación y reactualización jurídica.

En Bolivia, la nueva Constitución Política del Estado estipula la competencia compartida respecto de los juegos de azar entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

Es en este punto donde radica una de las críticas centrales al Ejecutivo y las disposiciones de la polémica norma actualmente sancionada.

Las administraciones intermedias del Gobierno y los parlamentarios de la oposición denuncian que con la nueva Ley se violentan atribuciones legales a los departamentos y municipios, debido a que por determinación exclusiva del Ejecutivo se creará la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juegos, como organismo de aplicación y contralor, facultado además para dar licencias y autorizaciones, sin intervención de los otros dos niveles.

En la misma línea, cuestionan la escasa participación tributaria que tendrán los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, considerando el desmesurado desfasaje en los porcentajes estipulados para la distribución impositiva: 15% para los gobiernos intermedios y 70% para el gobierno nacional.

Teniendo en cuenta el caso argentino, en primera instancia debe considerarse la soberanía y exclusividad que tanto la Nación como las diferentes provincias e incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen respecto a la explotación, administración y fiscalización de los juegos de azar, lo que establece una determinada jurisprudencia para cada caso en particular y por lo tanto, distintos gravámenes impositivos y la consecuente distribución jurisdiccional de lo recaudado.

De ello se desprende por tanto la competencia exclusiva delegada a los diferentes organismos de aplicación sobre disposiciones, resoluciones y comercialización de los juegos de azar en los diferentes ámbitos del territorio nacional; como es el caso del Instituto de Lotería de la Provincia para Buenos Aires y el resto de Institutos provinciales de todo el país.

Si se considera específicamente el caso de la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 60% del volumen de las apuestas de la Argentina habría que considerar a su vez los diferentes tributos fijados por Ley para cada unidad de juego: bingos, casinos, hípica, lotería y tragamonedas.

En el caso particular de los bingos, por ejemplo, el 58% debe ser destinado a premios, el 21% al titular autorizado para la explotación del juego y el restante 21% para el fisco provincial, redistribuyéndose a su vez en 4% a los Municipios donde está instalada la sala de juego, en un 5% para el resto de los partidos de la Provincia, el 2 % al Ministerio de Acción Social de la provincia, el 3% al Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), un 1% a gastos para equipamiento de la Policía Bonaerense y un 6% para el Fondo Provincial de Educación.

Para el caso boliviano, la nueva ley de juegos de azar establece, a diferencia del caso argentino, una distribución porcentual de lo recaudado por impuestos para los tres niveles de Gobierno, llámesele nacional, departamental y municipal.

La recaudación impositiva está determinada sobre la creación de dos impuestos, el denominado Impuesto al Juego  que se percibirá mediante una alícuota del 30% sobre las ganancias brutas obtenidas de la explotación de la actividad gravada y el Impuesto a la Participación al Juego, que
alcanzará directamente al jugador a través de una alícuota fijada en un 15 % y que deberá ser cobrada por el operador en calidad de agente de percepción. En ambos casos, está previsto que el mayor porcentaje de lo tributado tenga como destino las arcas del tesoro nacional.

Como lo establece la nueva Ley de juegos de Bolivia la totalidad de lo recaudado por el impuesto cobrado a los operadores de salas de juego (30%) será destinado al Tesoro General de la Nación, y en el caso del IPJ (15%) se instituye una coparticipación tributaria distribuída en: 70% para el Tesoro General de la Nación (destinado al Ministerio de Salud y Deportes), un 15% para la Gobernación y el 15% restante para el gobierno municipal. De dichos cálculos se deduce entonces, que del 100% ingresado en concepto de impuestos el Tesoro Nacional percibirá un 40,5%, mientras los departamentos y municipios sólo se quedarán cada uno con un 2,5% de lo recaudado.

Al desequilibrio en los porcentajes destinados de la recaudación se suma el hecho de que dicho impuesto al juego se aplicará sobre los ingresos efectivos de las empresas operadoras de juegos, sin considerar las pertinentes deducciones por el pago de premios (85% del total de ingresado de las apuestas).

Para el caso, resulta ilustrativa la metodología de funcionamiento de las máquinas tragamonedas de la provincia de Buenos Aires, regulada mediante la Ley 13.063; desde el año 2002 se estableció por decreto que del total ingresado en las máquinas no menos de un 85% debía ser destinado al pago de premios, dividiéndose el 15% restante de las utilidades brutas en un 66% para las salas de Bingo y un 34% para el fisco (el canon más alto del país para explotaciones de similares características).

En el caso argentino, el canon ha tributar por el Estado se calcula sobre la base del total ingresado (coin in) menos el monto total que las tragamonedas devuelven, al instante, en premio (coin out). Desde entonces las cifras por recaudación han aumentado considerablemente; en 2001 el IPLyC recaudaba 2,5 millones de pesos por la totalidad de las salas y ya para el año 2006, según un informe presentado por el propio ente recaudador las cifras ascendían a $ 522 millones aproximadamente.

Otro punto en cuestión que para los operadores de casas de juego, e incluso para los consumidores, podría considerarse deficitario en la confección de la nueva Ley de Juegos de Bolivia es el insólito cobro del impuesto a la participación al juego, que será trasladado al apostador.

En este caso, podría establecerse un paralelismo con la situación acontecida respecto al pago de impuestos por los operadores si se considera que el jugador estará pagando por cada boliviano apostado 0.13 bolivianos, ya que sufrirá un descuento del 13% del IVA. Para el caso argentino, respecto de la provincia de Buenos Aires, cabe mencionar que la actividad lúdica está exenta de IVA.

Más allá de las observaciones que puedan hacerse a la nueva Ley de juego en Bolivia, cabe considerar que a la actualidad es imprescindible, en prácticamente toda Latinoamerica, un marco regulatorio que brinde seguridad jurídica a los inversores y permita una mayor fiscalización y contralor de la actividad en su conjunto.

Las comparaciones establecidas respecto a la regulación de la actividad azarosa en Bolivia con respecto a la Provincia de Buenos Aires, este último estado provincial cuenta con una legislación completa, integral y sumamente actualizada a los tiempos que corren.

Precisamente por eso la industria en Buenos Aires ha tenido un desarrollo progresivo e ininterrumpido en el tiempo en comparación con el caso boliviano, a la vez que la proliferación de casas de juego se ha visto facilitada, entre otros aspectos contextuales, por la gran inversión de capitales extranjeros y locales.

Seguramente, la facultad de Lotería y Casinos delegada por el Gobierno Provincial para la administración de todos los juegos de azar son factores que han contribuido también al posicionamiento de la industria como uno de los rubros que mayores tributos aportan actualmente a la recaudación del Estado provincial.


 

 


 
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