Figuraba En El Registro De Prohibidos Pero Entró 44 Veces Al Casino

El Defensor del Pueblo Andaluz, en España, insta a revisar los sistemas de control de acceso a locales de juego y "la eficacia de las medidas de tutela y protección que ejerce la administración" tras la denuncia de la familia de un ludópata que entró 44 veces en un año en un casino pese a estar en el registro de prohibidos.

En una resolución, el funcionario se hace eco de la denuncia de la familia de un hombre que pese a estar inscrito en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso a los Establecimientos de Juegos y Apuestas de Andalucía desde el 29 de enero de 2013, estuvo acudiendo a un casino de Málaga "al menos desde el 18 de julio de 2014 al 25 de mayo de 2015".

En ese tiempo "pudo entrar, apostar y jugar durante casi un año a lo largo de 44 sesiones a su antojo" y llegó a jugarse 47.062,54 euros.

La familia puso una reclamación en noviembre de 2015 ante la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga, reclamación que reiteró en julio de 2016 y en mayo de este año pese a lo cual "no ha logrado en casi dos años una contestación directa, motivada y franca" por parte de quien "detenta las potestades públicas de control y sanción", señala el Defensor.

Al llegar la denuncia a esta institución, igualmente se pusieron en contacto con la Consejería de Hacienda para conocer lo ocurrido pero según la institución que dirige Jesús Maeztu las respuestas de la administración andaluza a las reclamaciones formuladas por la familia "apenas han despertado una reiterada, inefectiva y recíproca inhibición entre la Dirección General de Patrimonio y los servicios de juegos y espectáculos de la Delegación del Gobierno de Málaga".

En varios escritos remitidos a la familia y al Defensor se recoge la alegación del casino en cuestión sobre "incidencias
técnicas" en el sistema que permite verificar si las personas que pretenden acceder están inscritas en el registro que les prohíbe hacerlo, si bien para el Defensor en caso de existir tales fallos técnicos corresponde a la administración pública gestora del servicio afectado "su esclarecimiento a través de las vías recogidas en el régimen de inspección y sancionador".

Por ello el Defensor señala que "resulta imprescindible el esclarecimiento de unos hechos que afectan a las actuaciones del casino implicado y de la administración que tutela el cumplimiento del sistema normativo aplicable".

Si bien al margen de este caso particular, "y con un carácter más general que afecta a la ordenación y control del sector del juego, apuestas y azar, resulta necesario una comprobación de los sistemas de control en los accesos a estos establecimientos y la eficacia de las medidas de tutela y protección que ejerce la administración".

Por ello, en su resolución pide "que se inicien las actuaciones oportunas" para "esclarecer las circunstancias" de este caso particular y que a nivel general "se auditen los sistemas de información, gestión y acceso que ofrece el Registro de Control de Interdicciones de Acceso a los Establecimientos de Juegos y Apuestas de Andalucía a fin de asegurar su correcto funcionamiento y su aplicabilidad".

Según los últimos datos publicados por la Consejería de Hacienda, en 2016 había 11.353 andaluces inscritos en este registro para que se les impidiera acceder a casinos, 15.159 a bingos y 4.483 a salas de juego.


 

 

Fuente:www.lavanguardia.com

 

 


 

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