Por Ahora, No Se Votará La Nueva Ley Del Turf

Quedó estancada por el momento en la Cámara de Diputados bonaerense la nueva ley de turf promovida por el gobierno de María Eugenia Vidal. Cambiemos no tiene el número suficiente de legisladores para aprobar la quita de subsidios al sector. El proyecto es resistido por todos los bloques opositores y por referentes de la actividad, debido a que elimina subvenciones por más de 1.000 millones de pesos anuales.

El texto, aprobado en la Cámara alta en julio pasado, que ya tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados, no será llevado a votación al recinto. Es que el bloque que responde a la gobernadora Vidal tiene menos de 40 diputados, sobre un total de 92. Y sin una alianza con sectores de la oposición puede perder la votación.

Ante este escenario, el presidente del cuerpo, Manuel Mosca, dio la orden de esperar a conseguir consensos con otros bloques. Esta oportunidad podría llegar con la votación del presupuesto provincial, ya que la reforma de la ley de turf pretende ahorrar $ 1.000 millones anuales al Estado.

"La verdad que todavía no tenemos bien claro el panorama, pero todo indicaría que en Diputados hay dos alternativas rechazarla o hacerles las modificaciones que sean compatibles con lo que necesita la industria", explicó el titular de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera (APCC), Mariano Fragueiro.

El Poder Ejecutivo negó que la reforma deje sin actividad a 88.000 familias, tal como denunció la oposición: toda la ocupación de la industria ligada al campo es de 175.000 trabajadores. Y el turf no equivale a la mitad de la actividad del campo.

El gobierno de Vidal espera poder destinar los $ 1.000 millones que ahora van a la actividad que rodea las carreras de caballos a otras actividades vinculadas con salud, educación o seguridad. Por caso: el subsidio constituye el 20% del Fondo de Infraestructura Escolar, que este año fue de $ 5.000 millones.

La iniciativa prevé derogar la Ley 13.253, y establece la quita de los subsidios del Estado provenientes del Fondo Provincial del Juego al sector hípico, que surge de la ganancia de los tragamonedas de los bingos y casinos de la Provincia, conocido como Fondo Compensador.

"A partir del 2000 que se empezaron a autorizar los tragamonedas, todo el público de los hipódromos se volcó a ellos, nosotros nos quejamos y establecieron que el 1% de las ganancias de los tragamonedas fuera a los hipódromos para compensar el daño", agregó Fragueiro. "Si quitan el Fondo Compensador automáticamente baja todo y se
produce una crisis profundísima en el sector".

"Si la Ley se sanciona los propietarios se van a retirar y no van a comprar caballos. Si no compran caballos, hay que pensar que el 70% de lo que se paga va a sueldo de personal, por lo cual se va a tener que achicar todo, los haras, los entrenadores y esto rápidamente lleva a una gran desocupación en perjuicio del sector", sostuvo Fragueiro.

"El turf es una industria y necesitamos mantener íntegra la actividad con todos sus trabajadores".

En tanto, la presidenta del bloque de diputados de UC-FPV, Florencia Saintout, dijo que "vamos a rechazar este proyecto porque sabemos del impacto tremendo que va a tener sobre el trabajo". Saintout advirtió que "en Diputados, si la oposición se pone de acuerdo, un proyecto no pasa. Nuestro compromiso es trabajar con todos los bloques de la oposición para que no pase".

Carlos Urquiaga, diputado provincial del PJ, adelantó: "Nunca vamos a acompañar la pérdida de empleos". Desde la Asociación de Personal de Hipódromos, Diego Quiroga opinó: "A este gobierno no le interesa destruir a 83.000 familias. Tampoco piensan las consecuencias que puede traer".

"Sabemos que contamos con el apoyo de los legisladores de la oposición, que nos dieron esta posibilidad de ser escuchados, mientras el gobierno no lo hace", dijo el referente de la Asociación de Personal de Hipódromos.

El proyecto fue defendido por el presidente de Loterías y Casinos, Matías Lanusse. "Es decisión de la gobernadora quitar todos los subsidios y subvenciones a todas las actividades que no sean salud, educación y seguridad. No es una decisión nueva. Se anunció en 2017 y comenzó a implementarse de forma gradual", dijo. "Buscamos ir a una merma del subsidio de unos $1.000 millones por año y dar otras herramientas a la actividad hípica para que recauden recursos genuinos".

Lanusse negó que unas 80.000 familias puedan ser afectadas y perder sus empleos, ya que esa cifra corresponde a la actividad del país y no de la provincia de Buenos Aires. En este territorio, la cifra de trabajadores vinculados a la actividad es de unos 16.000.


 

 

Fuente:www.lanacion.com.ar y www.elintransigente.com

 

 


 
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