La Causa Que Obligó A Vidal A Suspender El Impuesto A Los Premios

La decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de suspender el impuesto sobre los premios que percibe el jugador en las máquinas de juegos de azar situadas en los bingos y casinos, tuvo su origen tras una causa que se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 del departamento Judicial San Martín.

Allí se presentó Julián Erdocia, quien solicitó la anulación de la resolución 232/19 (que se refería a ese impuesto), adhiriéndose con posterioridad a los fundamentos allí expuestos, la "Asociación Civil Centro de Orientación, Defensa y Educación Consumidor" (CODEC).

En esta medida, el magistrado interviniente expresó que "de la propia redacción de la resolución dictada por el Instituto de Lotería y Casinos cuestionada, surge el mentado exceso reglamentario, ya que el mismo trasgrede las pautas contempladas para el dictado de estas normativas consagradas en los artículos 99 inciso 2 de la Constitución Nacional, como el 144 inciso 2 de la Constitución Provincial".

De esta manera, el juez determinó que no solo se está ante un exceso en la reglamentación sino también que su dictado generaría una violación al principio de legalidad que debe tener todo tributo. Asimismo, agregó que "el interés público no tiene una entidad sustancial, ontológica, diferente a la que presenta el interés individual, ambos en ese aspecto son similares".

"La única diferencia entre ellos radica en que mientras el interés público es el resultado de las sumatorias de un
número mayoritario de intereses individuales coincidentes, el interés individual pertenece a la persona o grupo de personas que los ostenta", expresó el fallo de la causa en relación a la suspensión de esta normativa oficializada por la adminstración provincial.

Además, manifestó que "no puede hablarse de una superioridad del primero sobre el segundo ni tampoco de una minusvalía del interés privado respecto del interés público". En tanto, admite que "el accionar del dictado de la Resolución en crisis produce una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales y que la pretensión está concentrada en los efectos comunes para toda clase de sujetos afectados".

En consecuencia, es que con fecha 20 de Septiembre de 2019, consideró pertinente hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) que proceda a la suspensión de la resolución 232/19, hasta tanto esa autoridad determine desde el punto de vista tecnológico un mecanismo fáctico, material y técnico que permita percibir el impuesto sobre los premios que recibe el apostador en las tragamonedas.

La resolución del IPLyC aquí


 

 

Fuente:elintransigente.com

 

 


 
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