El Futuro Del Juego En México

La industria del juego en México generó el pasado año ganancias por 589 millones de dólares y creó 120 mil empleos directos y 140 mil indirectos, sin embargo continúa siendo un sector donde la falta de una regulación clara y efectiva en la materia, compromete la actividad futura dentro de un marco de legalidad. La nueva ley antilavado de dinero es uno de los mecanismos adoptados por el gobierno, para encausar al sector del juego dentro de la transparencia y la legitimidad.

Acusada por ser un nido de vicios y mafias, y vulnerable al lavado de dinero, esta industria vio a las autoridades reaccionar con más regulación, ya que muchos operadores actúan fuera de la ley. Por ejemplo, el 70 por ciento de las casas de apuestas deportivas no paga impuestos.

En 1947, surgió la Ley Federal de Juegos y Sorteos, hasta 2004 el presidente Vicente Fox intentó supervisar con mayor rigor al sector a través de un nuevo reglamento y en pleno 2012 nació la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como ley antilavado.

Esta regulación, lejos de facilitar la apertura de nuevos casinos o casas de juego, los limita para operar, les aumenta impuestos, los mantiene bajo el ojo del huracán y los participantes se sienten "incomprendidos", opinó Oscar Paredes Arroyo, vicepresidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA).

Las reglas inadecuadas frenan la apertura de nuevos participantes, que tardan hasta 25 años en obtener una licencia. Pocos son los que se animan a entrarle al mercado y muchos los que salen. En lo que va del año, sólo 2 casinos fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación (Segob), mientras que en los últimos 24 meses han clausurado a 151, según datos oficiales.

A pesar del reglamento publicado en 2004, los huecos regulatorios permanecieron. La delincuencia encontró la manera de colarse a las filas del negocio del juego, burlando la vigilancia de las autoridades.

Como cualquier actividad financiera, los casinos, casas de juego y casas de apuestas son vulnerables a delitos como el lavado de dinero, reconoció Paredes Arroyo. La ley antilavado de dinero tiene como objetivo prevenir la entrada de recursos ilícitos a cualquier negocio como bancos, casas de cambio, entidades no bancarias y casinos.

Para algunos el camino elegido no es el mejor. Más reglas no es lo que necesita el sector, sino mayor vigilancia de las autoridades, opinó Fauzi Hamdan, ex diputado y senador del PAN. "Todavía hay huecos porque falta que la Segob vigile. Lo que pasa es que no cumple y las consecuencias son la proliferación en el lavado de dinero y ciertas drogas, esa es la verdad".

Hamdan no es el único que opina que las leyes no podrán por sí solas mantener el orden en el sector.

Carlos Vizcaíno, oficial de cumplimiento de los casinos Caliente, aseguró que las autoridades deben de imponer un control para ver resultados óptimos. "En México abusamos de la formalidad porque se intenta describir en las leyes o reglamentos hasta el mínimo detalle, descuidando que lo interesante es controlar el resultado".

Un ejemplo del descontrol de las autoridades en la vigilancia de los casinos es el constante cambio de funcionarios en la Dirección de Juegos y Sorteos, área que pertenece a la Segob.

De 2007 a la fecha, han pasado por esta área 4 funcionarios diferentes: Roberto Correa Méndez (2007 a 2009), María Guadalupe López Mares (2009 a 2011), Araceli Barroso (2011 a junio de 2012) y Nelly Maldonado Acevedo (junio 2012 a la fecha).

"En periodos breves ya han pasado muchos funcionarios por la Dirección de Juegos y Sorteos, y los resultados son conocidos por todos: el crecimiento de la operación ilegal en el país, con los daños colaterales que ello conlleva", dijo Vizcaíno.

Para José Antonio Quesada, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), los motivos principales que vuelven a los casinos vulnerables al lavado de dinero son:

1. Manejar grandes cantidades de efectivo.

2. Son abiertos a todos, no existe un proceso de 'aceptación' de clientes.

3. El volumen de actividades al día hace complicado monitorearlas todas.

4. No existen límites de cambio de efectivo por fichas.

5. Muchos lavadores de dinero tienden a ser 'jugadores'. En el interés de proteger su negocio, los casinos prefieren dejar operar a esos clientes aún y cuando exista la probabilidad de que el dinero sea de procedencia ilícita.

Como cualquier entidad financiera, los casinos estarán bajo la supervisión de las autoridades para prevenir el lavado de dinero. "No es un mito, el lavado de dinero se puede dar como en todos los sectores. Hay una gran parte que opera en la ilegalidad", afirmó Jorge Romo, socio fundador del Centro de Estudios de Prevención de Lavado de Dinero.

La industria del juego se compone de diferentes segmentos. Uno de ellos son las salas de casino, a las que acuden cada año 2 millones de personas que invierten alrededor de 350 pesos para jugar. "Muy pocas" son las operaciones que rebasan los 20,000 pesos, dijo Paredes, de AIEJA.

Otro segmento de la industria son las apuestas deportivas, que pueden aparecer en internet y que son más difíciles de regular. Ahí es donde está la mayor parte de la ilegalidad, al tener al menos 70% de ingresos sin pagar impuestos, aseguró Paredes.

Las autoridades saben de esta ilegalidad y por ello
establecieron reglas específicas de vigilancia en la ley antilavado.

En el artículo 17 de dicha ley, se define que la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos son considerados actividades vulnerables a este delito. Ahí se especifica que la venta de boletos o fichas de juego no deberán de ser superiores a 645 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir, de 38.700 pesos.

Con esta nueva regulación, quedará prohibido para los casinos o casas de juego recibir metales preciosos a cambio de la compra de boletos o fichas, y no podrán pagar premios en efectivo con un valor igual o superior a 3.210 veces el salario mínimo (192.600 pesos).

Adicionalmente, la ley exigirá a los negocios reportar ante la Secretaría de Hacienda la compra o adquisición de máquinas para juegos de apuesta y sorteos, ya sean nuevas o usadas. También deberán de informar la identidad de sus clientes.

Aún con los requerimientos de la nueva Ley, los huecos son notables. Para Quesada, del IMEF, el principal elemento que la regulación exime es la falta de capacitación al personal sobre asuntos de lavado de dinero. Por eso, el especialista recomienda designar un oficial de cumplimiento a cargo de atender todos los asuntos relacionas con la prevención del delito; establecer mecanismos y procedimientos de identificación y conocimiento de clientes; y establecer mecanismos para detectar, monitorear y resguardar todas las operaciones que se realizan en los casinos.

La ley antilavado entrará en vigor en julio de 2013, pero los representantes del sector ya están preparados para enfrentar los retos de la nueva regulación. 

"Se va a multiplicar la chamba para la Secretaría de Hacienda y será una cuestión de presupuesto. El presupuesto de la UIF va a tener que ser muchísimo mayor", aseguró Romo.

En los últimos años, el dinero que recibe la UIF para su operación ha variado. Mientras que en 2009 obtuvo 101 millones de pesos, en 2010 su presupuesto bajó a 48.609.000 pesos. Para 2011, se le designó un aumento de 38% para llegar a 67.438.927 pesos, y este año continuó su incremento hasta 87.490.439 pesos, según cifras de la Secretaría de Hacienda.

A pesar del aumento en el presupuesto para la UIF, esta área es la que percibe menos dinero para su operación.

Los empresarios de la industria del juego son vulnerables al lavado de dinero, pero no se consideran responsables de fomentar este delito y están conscientes de que a lo largo de los años han ganado mala fama.

"Queremos dar la cara. No somos mafiosos. Sabemos que tenemos una industria seria que produce impuestos, 120,000 empleos directos y 140,000 empleos indirectos", dijo Paredes Arroyo, de AIEJA.

La mala fama que tienen los casinos, afirmó Paredes, se debe en gran parte a la falta de actualización de la original Ley de 1947, que ha permitido la presencia de delincuentes. "Esa micro ley obsoleta trató de legislar y ese fue un grave error, porque abrió miles de avenidas para la ilegalidad".

Hoy existen 360 salas de juego en el país, de las cuales 68 son ilegales. La industria tiene 100.000 máquinas de juegos y sorteos operando legalmente, pero se calcula que existen 25.000 operando de manera ilegal.

La ilegalidad no les ha impedido aportar recursos al país a través de los impuestos. Al año, la industria del juego en México deja 3,700 millones de pesos en impuestos y aprovechamientos, cifra que aumentaría a 800 millones de dólares anuales si se logran las reformas a la Ley de 1947, según datos de la consultoría PwC.

Aunque los establecimientos formales son los que pagan impuestos, existen otros, como las casas de apuestas deportivas por internet o los casinos "fantasmas", que evaden la carga fiscal, afirmó Paredes.

Hasta ahora, no se tienen registrados y contabilizados los negocios ilegales, pero éstos son los causantes de que la carga de impuestos a los negocios formales sea mayor. "Nos ponen muchas cargas y el burro se está cansando", sentenció.

Los negocios pagan 30% de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 6% de impuestos municipales o estatales, 6% sobre los premios que se llevan los clientes y 2% sobre el valor de sus ventas.

Este alto porcentaje que se va de ganancias en el pago de impuestos, es lo que hace inviable a los casinos para lavar dinero, aseguró Paredes.

No sólo el costo fiscal es lo que impide al sector repuntar, sino que cada vez es más difícil obtener la licencia para operar. Mientras en países como Costa Rica, Uruguay y Chile, los permisos tardan menos de 15 años, en México lograr la autorización de funcionamiento para un casino puede llevar hasta 25 años, según PwC.

Este obstáculo ha impedido que en los últimos años se abran más negocios. Este año, la Segob autorizó sólo 2 licencias de casinos, mientras que de julio de 2010 a septiembre de 2012 realizó 489 inspecciones que derivaron en 151 clausuras.

 

 


 

 

Fuente:www.elfinanciero.com.mx

 

 


 

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