México: Diputados Aprueban Ley Federal De Juegos

La Cámara de Diputados de México aprobó la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos. Con 297 votos a favor, 34 en contra y 17 abstenciones, los legisladores avalaron el dictamen de la nueva norma. El proyecto pasará ahora a Senadores.

Después de casi 70 años, los diputados aprobaron la nueva legislación que regirá para el sector en México y con base en la cual, se autoriza el juego en vivo y se abre también la vía para reglamentar las apuestas que se realizan por Internet. El pleno de la Cámara de Diputados de México recibió ayer en primera lectura el dictamen de la ley e inició hoy la discusión del proyecto para reglamentar la actividad de los juegos y sorteos, uno de los temas que no se había podido tratar en por lo menos cuatro legislaturas.

El dictamen a discusión señala que hay un cambio de paradigma, pues el Estado podrá asumir el papel de rector en la materia y ejercerá facultades claras de regulación, inspección, vigilancia y sanción, eliminando elementos de discrecionalidad en el otorgamiento de los permisos.

La nueva norma contempla la regulación de los permisos y la operación de casinos, centros de apuestas, hipódromos, canódromos, peleas de gallos, ferias y, por primera vez, los juegos con apuestas por internet.

La ley prevé la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos como la autoridad eoncargada de regular los juegos con apuestas y sorteos, y será la instancia que autorice los permisos. Tales permisos serán otorgados por un periodo de 12 años y serán prorrogables a 10 años.

La norma también prohibe los minicasinos. Las tragamonedas solo estarán permitidas en los casinos. Hace unos meses la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que trabajó en la preparación de la nueva legislación, contabilizó en todo el país 250 mil tragamonedas operando en tiendas, farmacias, mercados y establecimientos de maquinitas.

A fin de regular a los actuales permisionarios, éstos deberán ajustarse a la nueva regulación, por lo que se tendrán que sustituir los permisos vigentes.

La nueva ley establece que sólo habrá un permiso para cada establecimiento que se quiera poner en funcionamiento.

Además se reconoce la participación de operadores de los permisos y aunque será el responsable de la operación de un
establecimiento, no tendrá responsabilidad sobre el manejo del mismo.

En las sanciones que se contemplan por faltas graves, los permisionarios podrían tener como castigo la clausura definitiva del casino y pagar como multa hasta 13 millones 400 mil pesos.

Los servidores públicos que ilegalmente permitan la operación de un permiso podrían ser sancionados con 3 a 10 años de prisión, y la inhabilitación en cargos públicos por 10 años.

Incluso, se prevé la sanción para los asistentes a los casinos que acusan a un establecimiento ilegal "a sabiendas" que no tiene el permiso correspondiente. En estos casos se prevén de 6 meses a dos años de trabajo comunitario.

Antes de la votación los diputados defendieron sus posturas con relación al proyecto. El legislador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) señaló que el dictamen tiene por objeto crear una nueva legislación acorde a los nuevos tiempos y que garantice la regulación de los juegos y sorteos y establezca las bases y limites en la materia. Igualmente, destacó la participación de empresarios y de organizaciones de la sociedad civil para diseñar estrategias de juego responsables y tener presente la prevención del delito. Detalló que la nueva ley abre la puerta a los juegos con apuestas bajo estándares internacionales. Asimismo, hizo referencia a la regulación del mercado actual y las obligaciones para los permisionarios, así como el compromiso contra el juego ilegal y la regulación en cuanto a edad para el acceso a dichos juegos.

Por su parte el diputado Rubén Benjamín Félix Hays (NA) destacó que los juegos y sorteos son parte de la idiosincrasia de México y, por lo tanto, sería un error si se trataran de eliminar ya que, además, son fuente de empleos, actividades turísticas y otros beneficios. Señaló que se buscó transparentar la asignación de permisos, por lo que su grupo parlamentario votó a favor del dictamen.

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