Piden En Castilla Y León Ampliar Registro De Autoexcluidos

El defensor del Pueblo en la comunidad española de Castilla y León, Javier Amoedo, emitió una resolución que insta a la Junta autonómica a estudiar la posibilidad de establecer en la normativa actual, un régimen de prohibiciones de acceso voluntario a los salones de juego, como el que ya existe para casinos y bingos, con un registro de prohibidos específico para estos establecimientos o único para todos los locales, para personas que padecen ludopatía.

Castilla y León cuenta con una normativa específica en materia de bingos y casinos de juego, no así para locales de máquinas recreativas, que tienen previsto la prohibición de entrada a estos locales a quienes, entre otros, estén incluidos en un registro de personas específico, pero en el resto de normativa en materia de juego no prevé la aplicación de este régimen de prohibiciones de acceso voluntario a los salones recreativos.

En el caso de los salones de juego destinados a la explotación de máquinas recreativas no se prevé la inscripción en un registro de prohibidos que los soliciten a la autoridad competente y, por tanto, no es posible impedirles el paso, a diferencia en lo establecido en casinos y bingos.

Por esta razón, el Procurador de Común consideró que la norma está olvidando el potencial riesgo que representa la actividad desarrollada por esta clase de establecimientos, para aquellas personas que sufren la enfermedad, ya que según los datos del sector, el 36% corresponde a la demanda de este tipo de máquinas recreativas, muy por
encima de los juegos de bingo que constituyen un 7%, o de las mesas de los casinos, que es un 4%. Además, se tuvo en cuenta que Castilla y León registra uno de los porcentajes más altos de estas máquinas recreativas con 14.142 en 2014, solo superado por cuatro comunidades, Cataluña (38.138), Andalucía (27.799), Comunidad Valenciana (24.697) y Comunidad de Madrid (23.694).

La resolución del defensor del pueblo ya fue aceptada por la Consejería de Presidencia.

Amoedo es partidario de evolucionar hacia una política de juego responsable que reduzca al máximo la posibilidad de que la población pueda perjudicarse. Una estrategia dirigida a conseguir esta finalidad, debe proporcionar un marco normativo que permita controlar en alguna medida el componente "irracional" que caracteriza esta actividad lúdica, y prevenga comportamientos individuarles "irresponsables y perjudiciales" para el propio afectado y su familia.

El Procurador del Común pide a la Junta la creación de un registro de prohibición de acceso voluntario a salas de juego.


 

 

Fuente:www.ileon.com

 

 


 
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