Cruces Entre La Comunidad De Madrid, El Ayuntamiento Y Grupo Inversor

El grupo estadounidense Cordish, interesado en desarrollar un megacomplejo de ocio con hoteles y casino, acudirá a la Justicia para defender sus intereses, luego de que la Comunidad de Madrid rechazó por segunda vez el proyecto presentado. El Ayuntamiento de Torres de la Alameda, donde se prevé construir el Centro Integrado de Desarrollo (CID), expresó hoy su "disconformidad e indignación" con la segunda negativa del gobierno madrileño. El Ejecutivo autonómico aseguró que "defenderá los intereses de los madrileños".

En su primera reacción al rechazo del Ejecutivo autonómico, Cordish pone en duda la "buena fe" de la Comunidad por haber informado de su decisión a los medios de comunicación antes de hacerlo a los promotores del complejo de ocio.

"Si la Comunidad de Madrid no cree que nuestro proyecto Live! Resorts Madrid satisface suficientemente los requisitos para la una licencia CID -una figura creada por el Gobierno de Esperanza Aguirre a raíz del interés de las Vegas Sands de poner en marcha una inversión en Alcorcón de 30.000 millones-, esta decisión es equivalente a decir que ningún proyecto puede cumplir sus requisitos", aseguró el director principal de The Cordish Companies, Joseph Weinberg, a través de una nota de prensa.

"Las razones alegadas en el rechazo del Gobierno regional simplemente no tienen sentido y estamos seguros de que los tribunales así lo verán".

Tras la reunión mantenida semana entre los responsables de Cordish -el propio Weinberg estuvo presente en esta cita- y ocho directores generales de la Comunidad, los promotores del Live! Madrid reconocen sentirse "sorprendidos y en shock al enterarnos por los medios de que nuestra solicitud de CID había sido considerada inaceptable".

El grupo inversor critica que ni la presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ni su consejera de Economía hayan participado en las reuniones; la "total falta de transparencia" de la administración autonómica; y las "gravísimas irregularidades observadas en la tramitación de la primera y la segunda solicitud". Por todo ello, los responsables de Cordish en España avanzan su intención de "perseguir enérgicamente el ejercicio de cuantas acciones legales puedan corresponderle en defensa de sus legítimos intereses contra el Gobierno regional y las personas responsables correspondientes".

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad respondió a la empresa en otro comunicado asegurando que las cifras de visitantes y empleo que el proyecto podría generar no están justificadas. Entiende la decepción, pero lamenta la mala aceptación que mostró el inversor, y confirma también que la decisión de no conceder la licencia ha seguido los cauces legales.

Detalla que se trata de una decisión que corresponde al Ejecutivo autonómico "amparada" por la ley y que la posibilidad de recurrir por la vía judicial, como ha avanzado la compañía, "carece de sentido", si bien recalca que "defenderá ante los tribunales y donde sea necesario los intereses generales de los madrileños".

La decisión del rechazo está sustentada en ocho informes técnicos de distintas direcciones generales y diversas opiniones técnicas requeridas, que hicieron un análisis "serio y riguroso" de la documentación presentada por el grupo inversor, agregó.

El Gobierno regional aseguró que se siguió "de forma escrupulosa" el procedimiento marcado por la ley, y por otro lado, subrayó que el proyecto implicaba "un importante coste" para la Comunidad de Madrid, sobre todo en materia de infraestructuras.

La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid explicó que la activación de la figura de Centro Integrado de Desarrollo y la decisión de aplicar las ventajas que prevé la Ley es "una potestad de la Administración" que debe "quedar perfectamente justificada en la singularidad y excepcionalidad del proyecto para no crear inseguridad jurídica y favorecer la competencia desleal con otros inversores y, a juicio de los informes técnicos recabados, este proyecto de inversión con casino no reúne esos requisitos".

Reiteró que el proyecto presentado carece de la "multisectorialidad necesaria", puesto que el 90% de los ingresos previstos "giran sobre una propuesta de casino y los servicios hoteleros y de restauración que lo complementan". Aparte, insistió en que "carece del impacto
relevante, efectivo y duradero en el desarrollo económico, social y cultural" que requiere la ley para tramitar la figura de CID.

Enfatizó en que la segunda versión del proyecto de inversión "no modifica sustancialmente" el ya presentado el pasado mes de noviembre por el grupo Cordish y que, según los informes técnicos, justificaba de forma "insuficiente las cifras de visitantes y de empleo que el proyecto podría generar".

El Gobierno regional subrayó que el grupo inversor aportó de nuevo cifras de ingresos y de demanda del proyecto "contradictorias y, en algunos casos, no soportadas suficientemente, lo que conllevaría un elevado riesgo de sobrevaloración de las cifras".

El Ejecutivo afirmó que la Comunidad de Madrid es una región "abierta a toda inversión extranjera que cumpla los requisitos legales pero para activar un Centro Integrado de Desarrollo, que contempla importantes ventajas fiscales y urbanísticas, debe asegurarse la singularidad exigida en la normativa vigente", lo que implica constatar un "impacto relevante, efectivo y duradero en el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad de Madrid" y que la negativa del Gobierno regional a activar el CID se refiere "únicamente a este proyecto presentado, sin perjuicio de que futuros proyectos, con planteamientos distintos, puedan ser consideradas como Centro Integrado de Desarrollo".

Asimismo aseguró en que la ubicación de los terrenos, en un lugar "sin comunicaciones de transporte dimensionadas para la previsión de visitantes que el inversor maneja ha sido muy cuestionada". Se trata de un aspecto relevante pues "podría ocurrir que el menor precio, incluido el pago a los intermediarios del terreno, por la adquisición de unos terrenos no urbanizables alejados de núcleos urbanos relevantes, trasladara el coste en forma de infraestructuras a la Administración".

En este punto, la Consejería explicó que la normativa establece que es la Administración la que debe "garantizar la conservación de la funcionalidad de las infraestructuras y servicios existentes en los proyectos de alcance regional".

Por tanto, y ante la afirmación manifestada por Cordish sobre su compromiso a sufragar las infraestructuras necesarias, el Ejecutivo autonómico detalló que "no analiza intenciones de inversores en comunicados, sino documentos presentados en registro".

En tanto, el Ayuntamiento de Torres de la Alameda expresó su "disconformidad e indignación" con la negativa de la Comunidad de Madrid al proyecto, y consideró que es una medida "lesiva" para los madrileños y "fundamentada en argumentos falsos y juicios de valor tendenciosos".

Recrimina a la Comunidad de Madrid que pueda "afirmar sin sonrojarse que la actividad económica del Complejo de Ocio tendría muy poca incidencia en la vida económica de Torres de la Alameda y de los municipios colindantes".

"El Gobierno regional del PP se olvida de los numerosos desempleados de larga duración que viven en el Corredor del Henares y de sus familias", dijo el Ayuntamiento al criticar que Madrid considere "irrelevante" el impacto de la creación de 57.000 empleos directos e indirectos de los cuales 18.000 serían puestos de trabajo estables.

Agregó que los 195 millones de euros anuales que generaría el complejo en recaudación tributaria "equivalen al 50% de los recortes efectuados en Educación en la Comunidad de Madrid", entre otras comparaciones.

La negativa del Gobierno regional del PP "es una prueba más de la discriminación territorial a la que nos somete a los municipios del Sur-Este de la Comunidad de Madrid", dijo el gobierno municipal. "Estamos seguros de que de haberse planteado en un municipio del noroeste gobernado por el PP, el Proyecto hubiera salido adelante".

Asimismo, el Ayuntamiento destacó la oposición a este proyecto mientras que la Consejería de Medio Ambiente sí ha autorizado en una zona cercana la construcción de un macrovertedero de residuos, "siendo obvio que en este caso sí que causará un importante impacto medioambiental en la zona".


 

 

Fuente:www.larazon.es, www.europapress.es y www.lavanguardia.com

 

 


 
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