Tenerife Vende Sus Casinos

En septiembre venidero el Cabildo de Tenerife prevé sacar a la venta sus tres casinos y, de acuerdo a los trascendidos, la idea es la de vincular la operación a la ejecución de un proyecto de inversión turística por parte del adjudicatario, que además deberá garantizar la estabilidad laboral de los empleados por un periodo de dos años.

La Corporación insular, representada por el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, mantuvo una reunión hace una semana con los representantes sindicales de las salas de juego, para ofrecerles algunos adelantos de lo que será el nuevo proceso.

Tanto el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) como Comisiones Obreras (CCOO) e Intersindical Canaria se mostraron en contra de que se privaticen los casinos, por entender que se trata de una actividad que genera ingresos y con unos beneficios que van destinados a fines sociales.

En tanto, se avanza en la venta de las tres salas después de que en 2014 lo intentara primero con Casino Playa de las Américas.

Los representantes de estas organizaciones indicaron que las condiciones del nuevo concurso serán similares al de esa ocasión, ya que se garantizan los empleos durante dos años, y la compra lleva aparejado el desarrollo de un proyecto turístico. Pero añadieron que una de las condiciones a aplicar esta vez será la obligatoriedad de que esta inversión se realice solo en uno de los municipios donde se encuentran las salas de juego (Adeje, Santa Cruz de Tenerife o Puerto de la Cruz).

Según especificaron, el proceso será abierto por concurso público, con una duración de seis meses, y el Cabildo exigirá un alto nivel de solvencia técnica y económica a los interesados en comprar estas sociedades. Los pliegos de condiciones también recogerán la protección de las condiciones laborales durante dos años, encargándose la Corporación insular de velar por el cumplimiento de cada uno de los puntos.

David Abrante, delegado sindical de CCOO en el Casino de Santa Cruz, dijo que los trabajadores dispondrán de unos 15 días para analizar las cláusulas relativas a su situación de cara al nuevo proceso, con el objetivo de que puedan aportar sus opiniones, como brindar bajas incentivadas por parte de la adjudicataria al personal de mayor edad ante el
riesgo de que, después de esos dos años, empeoren las condiciones de los empleados o puedan ser despedidos, especificó.

Aunque asumió que la Institución "no obra en una ilegalidad o alegalidad" con su intención de vender estas empresas, defendió que no existe razón para hacerlo porque "no le ocasionan gastos", ya que se sufraga con "dinero propio". Gracias a la "descapitalización" hecha, manifestó que los beneficios se estiman en los más de EUR2.000 millones, y subrayó que no ve "ningún daño social ni coste para los canarios" mantener el carácter público de sus tres casinos.

Agustín Melián, presidente del comité de empresa del Casino Playa de las Américas, aseguró que la plantilla está en la actualidad "en mínimos históricos" porque, ante el miedo generado, se realizaron "más de 20 bajas incentivadas, lo que implica una reducción de la masa salarial para hacer más atractiva la venta porque tampoco se han cubierto las plazas". Según sus cálculos, más de 150 familias dependen de esta actividad "estable", por lo que no comparte la desinversión dada su "rentabilidad". "UGT llegará a las movilizaciones y a la huelga si es necesario", adelantó.

Intersindical Canaria en el Casino Taoro, Puerto de la Cruz, también está en contra de la transacción, y más cuando sus beneficios y el propósito del Cabildo pueden tener un mismo fin, usar el dinero para acción social. El presidente de la Corporación insular, el nacionalista Carlos Alonso, anunció en 2016 que los fondos obtenidos por la venta irían a dependencia, mientras que desde este sindicato recordaron que las ganancias de las tres sociedades también van a fines sociales.

Aseguraron que parte de las pérdidas de periodos anteriores "se debía a que el grupo invertía en cuestiones que no eran de la empresa" y, ahora que las cuentas están equilibradas, sería una forma de garantizar financiación a ese objetivo. "Si la situación sigue así, en 10 años se podrían destinar 25 millones de euros", puntualizaron.


 

 

Fuente:www.laopinion.es

 

 


 
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