Cantabria Activa Reforma De Normativa Sobre El Sector

El Gobierno de la comunidad autónoma española de Cantabria modificará Ley de Juego del 2006 con el fin de introducir nuevas medidas de planificación y posibilitar un crecimiento ordenado del sector. Esta será una medida global, que se sumará a otros cambios en el sector, en marcha o ya en vigor, con el fin de evitar la concentración de locales de juego y el acceso de los menores, dentro del Plan autonómico de juego responsable.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, informó del alcance de la iniciativa legislativa a la Comisión de Juego de Cantabria, reunida el viernes en la sede del Ejecutivo, en la que también comunicó que su departamento aprobará, mientras se tramite la nueva norma, la suspensión temporal de las autorizaciones de apertura de nuevos locales de juego y apuestas, con el objetivo de salvaguardar a los colectivos de especial protección, los menores y personas con ludopatías.

Fernández Viaña dijo que el cambio en la Ley fue establecido por el grupo de trabajo de juego responsable, puesto en marcha en 2018, dado que las nuevas medidas implican "ir más allá" y establecer "una modificación integral" del sector ante la preocupación social generada por la expansión del sector del juego y sus nuevas modalidades.

Entre ellas, avanzó introducir una nueva planificación del sector con el establecimiento un número máximo de salones de juego en Cantabria, así como endurecer la publicidad y el régimen sancionador, entre otras modificaciones.

Al mismo tiempo, defendió la moratoria de las nuevas solicitudes de salones de juego, con el fin de "garantizar la seguridad jurídica y que el nuevo régimen resulte eficaz en su aplicación y en las finalidades que se pretenden conseguir", que son "la protección frente a los efectos nocivos del juego
en los sectores vulnerables".

La consejera de Presidencia aseguró que el cambio legal se llevará a cabo desde el "consenso" y el "diálogo" con la constitución de una mesa de trabajo en el que "tendrán cabida todos". Según informó, participarán todos los ámbitos implicados, desde los operadores de juego y empleados del sector como vecinos, padres y madres, junto a las organizaciones de jóvenes y las asociaciones que atienden a personas con ludopatía.

Destacó que el Gobierno regional lleva desde 2018 introduciendo medidas y limitaciones en este sector y, entre ellos, ha citado el servicio de admisión obligatorio que impedirá el acceso a los locales de juego a los menores y a las personas que están inscritas en el registro de interdicciones.

También, apuntó la modificación reglamentaria para establecer un régimen de caducidad de los estudios de viabilidad necesarios para la concesión de las posteriores licencias de apertura y la aplicación efectiva, desde el pasado 1 de enero, de la distancia mínima de 500 metros a los centros escolares, y responder así a la preocupación social sobre la apertura de estos locales y a la falta de una planificación urbanística adecuada en municipios como Santander, donde se concentran la mayoría de los establecimientos de juego.


 

 


 
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