Una Historia De Retrasos

Cinco meses más. Esta vez por el impacto económico que la Covid-19 está provocando en el sector turístico. Desde que, en verano del 2017, Hard Rock anunció su apuesta por la Costa Daurada con una inversión inicial de 600 millones, el historial de retrasos no ha hecho más que engrosarse. Los cambios de gobierno en un proyecto en el que la administración ha tenido un papel determinante, la convulsa situación política en Catalunya y las negociaciones para adquirir los terrenos han eternizado un complejo que ahora pone en jaque la pandemia mundial.

"Esto lo vamos a superar, el proyecto se adaptará a la nueva realidad, la primera fase es perfectamente asumible", asegura Pere Granados, el alcalde de Salou. Con todos los establecimientos cerrados y sin unas perspectivas concretas para esta temporada, los hoteleros de la Costa Daurada miran con escepticismo la nueva prórroga de Hard Rock. A estas alturas, el proyecto -que se arrastra desde verano del 2017, pero que nació mucho antes como BCNWorld- no causa ni frío ni calor. Más bien provoca escepticismo.

"Es normal que, en estas circunstancias, la operadora se plantee ralentizar todas sus inversiones", afirma José Antonio Duro, catedrático de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y coordinador de un estudio sobre el impacto que tendría el Centre Recreatiu i Turístic (CRT), el nombre del emplazamiento donde tiene que levantarse el hotel y el casino Hard Rock. El informe, de marzo del 2017, afirma que la construcción del complejo supondría unos 12.000 puestos de trabajo y una repercusión de unos 1.559 millones de euros y que, a pleno rendimiento, cambiaría la realidad turística de la Costa Daurada, "marcada por la estacionalidad y un gran peso de los visitantes domésticos".

"La realidad es que el proyecto se ha ido adaptando y se ha hecho más pequeño; esta primera fase es asumible, teniendo en cuenta que en el mejor de los casos tardaría un mínimo de dos o tres años en estar operativo", añade Duro, quien
pese a la actual incertidumbre mantiene que una vez superada la crisis sanitaria "la gente querrá volver a viajar, quizás a otro ritmo, pero volveremos a movernos".

La lentitud en la aprobación de la nueva ley del CRT, que supuso la cuestionada rebaja fiscal del 10% para los casinos, y los retrasos en la tramitación del Plan Director Urbanístico (PDU), provocó la retirada de los promotores iniciales, Veremonte. A partir de entonces, el Govern adquirió un papel protagonista, asumiendo a través del Incasòl (entonces dirigido por Damià Calvet, el actual conseller de Territori) la opción de compra de los terrenos. Esta operación sigue siendo, seis años después, el principal escollo de un proyecto del que poco ha trascendido públicamente. Hard Rock ha difundido una sola nota oficial cuando el Govern hizo la adjudicación inicial de la licencia del casino. El resto de operadores se habían retirado.

A finales de febrero, el conseller Calvet, que siempre ha reiterado el interés de Hard Rock, se dio quince días para desbloquear, por fin, el proyecto. Desde entonces, el Govern ha tenido que aprobar dos nuevas prórrogas que se acumulan a las que se han otorgado desde finales de 2017. "Siempre hemos defendido que este es un proyecto sostenible y será un estímulo moral para mucha gente por el movimiento económico que representa, la construcción de la Catalunya

del siglo XXI", dijo Calvet en el Parlament cuando la CUP cuestionó una vez más la idoneidad del proyecto.


 

 

Fuente:www.lavanguardia.com

 

 


 
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