La Nueva Ley De Juego Se Aprobó En España

El Congreso español aprobó la nueva Ley del Juego que regula por primera vez los juegos de azar a través de Internet y que supondrá un nuevo impuesto para los operadores de esta actividad. En su tramitación parlamentaria, los grupos incorporaron más de cien enmiendas para asegurar las garantías de los consumidores y participantes de esta actividad y la seguridad jurídica de sus operadores.

Asimismo, se creó la Comisión Nacional del Juego, que se encargará de conceder licencias, supervisar el cumplimiento de los requisitos de los operadores y aplicar infracciones o sanciones cuando sea necesario y se establecieron también mecanismos de protección para grupos vulnerables como los menores y los ludópatas.

La ley reguladora del Juego prohíbe a las operadoras de este tipo de actividades conceder préstamos o cualquier otro tipo de asistencia financiera a quienes quieran participar en juegos.

Las enmiendas incorporadas en el Senado a la ley -que regula por primera vez todas las modalidades de juego, incluidas las que se hacen por internet o el teléfono móvil- han sido aprobadas en su mayoría con la unanimidad de la Cámara.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios que intervinieron en el Congreso coincidieron al apuntar la necesidad de esta ley para ordenar un sector en el que han entrado durante los últimos años numerosas empresas que ofrecen juegos y apuestas a través de internet y que operaban sin embargo desde una situación de "alegalidad".

Han subrayado además todos los portavoces, la urgencia de aprobar esta norma para conseguir que todas las empresas que ofrecen juego por internet estén legalmente constituidas y tributen por ello en España.

Esa es precisamente una de las principales novedades de la nueva ley: la incorporación de un nuevo impuesto de ámbito estatal cuya recaudación se cederá íntegro a las comunidades autónomas, lo que ha sido aplaudido por los representantes de los grupos nacionalistas que han intervenido por considerar que contribuirá a aliviar las finanzas de las administraciones autonómicas.

Entre las enmiendas incorporadas en el Senado y que se han aprobado hoy en el Congreso destacan las que hacen referencia a la protección de los consumidores y a la necesidad de que las políticas de juego contemplen esta actividad como un fenómeno "complejo" en el que se deben combinar acciones preventivas, de sensibilización, intervención, control, y la reparación de los efectos negativos que pueda producir.

Al texto se ha incorporado un artículo para que se impulsen acciones preventivas dirigidas a la sensibilización y difusión de las buenas prácticas de juego y de los posibles efectos que puede producir una práctica que no sea adecuada.

Además, los propios operadores de juego deberán elaborar un plan de medidas para mitigar los posibles efectos perjudiciales que el juego puede producir, y deberán prestar atención a los grupos en riesgo y advertir que estas actividades están prohibidas para los menores de edad y para las personas que están incapacitadas legalmente para hacerlo. Se incorporó a la nueva norma la obligación a los operadores de promocionar actitudes de juego "moderado, no compulsivo y responsable".

Repercusiones

"Se pone fin con esta ley a un vacío legal, a una realidad que ha ido desenvolviéndose en términos de alegalidad, pero que sin duda, con relación a algunas prácticas, todos podríamos coincidir en calificar de ilegalidad en alguna de ellas", aseguró la portavoz socialista Gloria Rivero.

En la misma línea, el portavoz del Partido Popular, Antonio Gallego, destacó la necesidad de regular esta actividad porque "no tenía sentido que muchas empresas operaran en el mercado español y no tributaran en nuestro país".

Pese a mostrar su satisfacción con el resultado final de la ley, el PP interpretó que su tramitación urgente responde sólo al elevado déficit público, que se situó en 2010 en el 9,24 por ciento.

"El déficit público que soportan nuestras cuentas públicas ha invitado a que se aborde esta situación por la vía de urgencia, con dos objetivos: crear nuevos tributos y consolidar y consagrar la reserva de la comercialización de Loterías y Apuestas del Estado para asegurar una mejor privatización de este ente", concluyó el portavoz del PP.

La coordinación con las comunidades autónomas ha sido fundamental en la tramitación de esta norma, puesto que actualmente tienen competencia en el ámbito de las apuestas deportivas presenciales, y en algunas de ellas, como Madrid, País Vasco o Navarra, ya se han regulado y desarrollado.

Sin embargo, los grupos nacionalistas han apoyado una ley que regula las actividades de juego de ámbito estatal, respetando las autonómicas, y que crea un nuevo impuesto que gravará a los operadores online y que se destinará íntegramente a las arcas de las CCAA.

"Todas aquellas empresas que ordenen su juego en territorio español van a producir unos beneficios importantes a través de su tributación que hasta la fecha no se producían, por lo cual el gran beneficiario van a ser las CCAA", apuntó Josep Sánchez Llibre, diputado de Convergencia i Unió.


 

 


 
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