Fuertes Críticas A Villagrán Del Vicepresidente De La Fiden

Luego de las declaraciones de la titular de la Superintendencia de Casinos de Chile, Vivien Villagrán, en las que sostenía que las tragamonedas de barrio son ilegales, Ramón Sepúlveda, vicepresidente de Fiden, salió al cruce para desmentir a la funcionaria. Sepúlveda señaló que las afirmaciones de Villagrán carecen de fundamentos y están destinadas a confundir a la opinión pública y poner a la gente en contra de los casinos barriales.

Para Sepúlveda, "Nos acusan de obtener patentes como si fuese cualquier cosa, que no nos exigen normas y la verdad que obtener patentes a nivel nacional a lo largo de mucho tiempo, nos costó bastante", explica y señala que los avances que se lograron dentro de la industria de la entretención de Chile se lograron sobre la base de dictámenes de la Contraloría General de la República.

Además agregó que se ha visto en la prensa chilena temas de seguridad en los casinos chilenos, como homicidios e incluso el caso de un casino que ingresó máquinas al país sin pagar las tasas aduaneras. "También hay una empresa subsidiaria de un casino que le presta dinero a los jugadores y como la ley dice que los casinos no pueden hacerlo, lo hacen a través de la empresa paralela. Hay 300 demandas donde le están quitando sus propiedades a las personas por no pago de deudas de juego. Entonces si ellos ni siquiera fiscalizan los casinos ¿cómo quieren meterse a fiscalizar esta industria que está súper atomizada en todo el país?", recalca.

Cabe destacar que según el dictamen de la Contraloría chilena del 27 de diciembre de 2016, los municipios están obligados a considerar el catálogo de registros de máquinas de juegos de suerte o de azar antes de otorgar una patente y, de tener duda al respecto, pueden coordinar con la Superintendencia para despejar dudas. También, el dictamen autoriza a la SCJ a encargar a entidades privadas las pericias para determinar la naturaleza de las máquinas, pero exime de lo anterior a las patentes ya otorgadas antes de esta fecha. De este dictamen se desprenden una cuestión bastante esclarecedora, que si el contralor autoriza a los municipios a otorgar licencia no se está frente a una actividad ilícita.

Para Sepúlveda, la Superintendencia asió este dictamen para arrogarse fuerza de policía sobre la industria de la entretención. "Ellos usando ese dictamen de contraloría sacaron la circular 83 y se atribuyen la facultad de fijar normas diciendo que se lo facultó la contraloría y te empiezan exigir certificaciones en tres empresas que son las que certifican casinos. Aceptamos que a partir de diciembre de 2016 se tengan que hacer las pericias y todo lo que exige el código penal en Chile, que cualquier entidad pública o privada, universidad, perito de la corte o alguien que tenga una especialidad, pueda ser un perito aprobado por un tribunal, pero ellos tratan de llevarlo a su terreno", señala.

Por otro lado, en un fallo de la Corte Suprema del 30 de octubre de 2018, en donde se rechazan las acciones de la Fiden en contra del Contralor, los ministros de la corte dejaron en claro que no es obligación de los municipios acudir a la Superintendencia para las pericias técnicas, sino que es un medio de procedimiento más. "La SCJ no habla de este fallo y tampoco muestran que le escribieron a una certificadora para que no haga pericias. Nosotros vamos a optar por algún fabricante internacional que fabrique
máquinas con las características que eventualmente podrían usarse en Chile y no las que ellos nos manden. Entonces, como los alcaldes y sus departamentos jurídicos entienden esto, porque nosotros les hacemos llegar toda esta información, ellos siguen renovando y dando permisos." explicó.

Para él, el ataque sistemático responde a una estrategia para sacarlos del medio porque le hacen sombra a la industria de los casinos. "Todo esto apunta más bien a una campaña de desprestigio que se viene desarrollando desde hace tiempo. En agosto del año pasado la comisión del senado votó 5 a 0 por la regulación, luego el subsecretario de Hacienda anuncio que se iba a regular. Ahí llegó toda una campaña de desprestigio, la prensa, la televisión, allanamientos a la oficina de Fiden, persecuciones a todos los directivos. Ya sobreseyeron a Fiden. En el fondo todo fue un montaje", explica.

Pero no solamente Villagrán salió a los medios a atacar la actividad de Fiden. El senador Alejandro Navarro dijo en medios de prensa locales que sospecha que en la actividad de los casinos barriales se lava dinero porque no entregan boletas, mientras que otro senador, Manuel José Ossandón, denunció que un directivo de la Fiden le habría ofrecido dinero en el contexto de la campaña electoral de 2014. Sepúlveda indicó que los dichos de Navarro rayan en la ignorancia, ya que "para lavar activos no sólo tienes que hacer boletas, sino muchas facturas porque estás lavando dinero". Además señaló que todo lo que dijo el senador Ossandón "lo agregó para meternos más pelo a la sopa, porque la persona a la que acusa nunca fue director de la Fiden".

El vicepresidente de Fiden está convencido que los ataques no van a cesar hasta que los saquen del mercado, porque ya lograron transformar la regulación en una posible prohibición, con un proyecto de ley que fue anunciado de suma urgencia por la Secretaría de Gobierno. Para él, la premura de este tema, en detrimento de otros más urgentes, responde a un impulso del lobby de los casinos y la determinación de perseguirlos hasta borrarlos del mapa. "El gobierno no se asoma para ver qué fue lo que ocurrió en los países que prohibieron el juego, como crece el clandestinaje, las mafias, la policía que se corrompe y todo lo que arrastra" señaló.

Él cree que desviando la atención hacia el lado de los casinos populares, la opinión pública se va a distraer de los conflictos internos y los entretelones que existen en la industria de los casinos. Sepúlveda cree que "viendo el poder que tienen los casinos pensamos que nos van a sacar del mercado, les va a costar claramente porque el terreno es difícil. Hace quince años que están diciendo que somos ilegales, entonces, ¿qué sentido tiene que estén haciendo una ley para prohibirnos? Eso queda en evidencia que nunca hemos sido ilegales pero nos han tratado como tal, porque ese es el discurso que quieren que se escuche".


 

 


 
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