El Juego ¿Es Prioridad?

La columnista, Alicia Salgado, del Diario Excélsior, de México, publica una nota hoy en la que analiza la situación de la industria en ese país y en la que hace referencia a los esfuerzos que están realizando los permisionarios para que la próxima administración cree un marco legal moderno y que contemple los intereses del estado y los operadores.

Codere México, presidido por Beatriz Rangel, está liderando los esfuerzos de la industria del juego para que la próxima administración y legislatura tomen la decisión de integrar un marco legal moderno y con objetivos que alinee el interés del estado y el interés de la industria.

La ley vigente de juegos y sorteos es obsoleta y data de 1947, que no considera el avance que entre otros han tenido las apuestas en línea. Hay regulación en México, es imperfecta.

Está reglamentado y son muchas las actividades prohibidas que al final sí se realizan en salas prohibidas o en licenciatarios que se "emparejan" con autoridades locales.

Mañana comparecerá Jesús Villalobos, director general de Pronósticos Deportivos, para explicar lo ocurrido con el caso de fraude y corrupción de su antecesor, funcionarios y la empresa que se encargaba de la mercadotecnia, pero podría ser un buen elemento de partida para que el "grupo mayor", encabezado por los priistas Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, tome la delantera en las definiciones de la agenda legislativa para avanzar en la integración del marco jurídico.

Una estructura clara, moderna, ejecutable y respetable que empareje a todos los permisionarios podría elevar la recaudación federal participable como para que pueda fondear el sistema popular de salud, como ocurrió recientemente en Venezuela.

Es tanta la irregularidad, que incluso los 27 permisionarios autorizados y agrupados en la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), que encabeza Miguel Ángel Ochoa, que sólo se enfrentan a la presencia de casinos ilegales amparados, que les facilita mantenerse en el llanero ganando mucho y los establecidos pierden tanto como el Estado mexicano con la instalación de máquinas introducidas ilegalmente desde Macao triangulando por Miami.

Tras los sucesos del Casino Royale en Monterrey, la situación se tornó más caótica y, como siempre, la reacción es pendular y se recarga sobre la industria legalmente
establecida.

En materia de impuestos se ha llegado al absurdo en algunos estados a pretender cobrar impuestos por todo hasta llevarlo a más de 70 por ciento de los ingresos netos (Mérida, Tijuana o Puebla) y, si bien en México el SAT, de Alfredo Gutiérrez, muestra que se recaudan como dos mil millones de pesos por juegos y sorteos, partiendo de que se estima que la irregularidad puede estar superando a la industria formal, la recaudación podría ser de al menos el doble y si se dejara de recargar con impuestos locales podría no sólo ser eficientemente fiscalizada, sino adecuadamente monitoreada en materia de lavado de dinero.

Un contraste. Codere, el grupo español líder en juegos y sorteos, entre 2007 y 2012 ha invertido en México 600 millones de dólares, tiene 94 salas entre Hipódromo de las Américas, Yak, Books y Puntos de Apuesta, y 19 mil 600 terminales de juego.

Sus accionistas y directivos son públicos y recibió más de 450 visitas de inspección en sus instalaciones sólo en tres meses después del Casino Royal, lo que muestra la dirección que toma la sobrerreacción en lugar de concentrarse en ilegales, que están "protegidos" por autoridades locales.

En 2009 se emitió la legislación para que el SAT supervise la operación en línea de los slots, pero moverse al universo de control online puede facilitar el cumplimiento puntual de obligaciones fiscales, pero requiere de una transición donde se corre el riesgo de sobrecargar más a los regularmente establecidos.

En el tema de impuestos federales y estatales es tal la dispersión, que la AIEJA contrató a GEA para la elaboración de un estudio que muestre el impacto.

Se paga 30% de IEPS, más entre 0.5 y 2% del total apostado a Gobernación, más los costos de meter instalaciones de no fumar, pago de licencias, protección civil, uso de suelo y licencia de funcionamiento. Así, el rango va de 50 mil a 111 mil por máquina al año, pero en el absurdo hay "negocios" que pagan anualmente 17 pesos.


 

 

Fuente:www.dineroenimagen.com

 

 


 
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