¿Quiénes Hacen Las Reglas Del Juego?

Albertina Dore

Por Albertina Dore *

En nuestros países latinoamericanos no resulta insólito que existan falencias o contradicciones normativas, incluso algunas se inscriben en el orden de lo absurdo. Y para muestra, vale el caso de la provincia de Buenos Aires.

Existe un reglamento interno de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el mayor estado de la Argentina,  que prevé los temas que entiende cada Comisión Parlamentaria.

Los asuntos referidos a los juegos de azar, que por deducción lógica deberían ser competencia de la Comisión de Prevención de las Adicciones, no están contenidos dentro de los límites de su tratamiento. Pero la lógica, precisamente, no suele ser tan obvia ni lo irracional tan absurdo.

Más absurdo resulta aún que, a pesar de la expansión de los juegos de azar como una potencial industria del entretenimiento, todavía no exista una ley marco que de modo integral y completo sea un referente normativo para la regulación global de dicha actividad, ni en la Argentina, ni en la provincia de Buenos Aires, donde se motoriza el 60 por ciento de las apuestas por dinero que se concretan en la Argentina.

Según lo dispone el artículo 75 del reglamento de la legislatura bonaerense: "Corresponde a la Comisión de Prevención de las Adicciones: dictaminar sobre todo asunto o proyecto relacionado con el tráfico, comercialización, distribución y consumo de drogas, en o desde la provincia de Buenos Aires, como así también sobre todo asunto relacionado con la drogadependencia y sus consecuencias".

Del juego ni se habla. Parecer ser que esta omisión, en principio de carácter semántica, se traduce en la práctica a una tendencia por no convertir en Ley los proyectos que se presentan para regular el juego en la Provincia.

En este contexto, donde lo que está en juego son sólo propuestas de regulación aisladas, menos puede esperarse que se debata lo que ni siquiera está planteado, como lo es una legislación marco tendiente a reglamentar el juego en territorio bonaerense.

Si bien existe actualmente una mayor presencia del Poder Legislativo Provincial  frente a la temática vinculada a la actividad lúdica, las iniciativas redundan en aspectos puntuales del juego, como bien podría ser la limitación horaria de los bingos, pero hasta el momento ningún legislador ha presentado una propuesta integral que intente abrir camino para su debate ante la imperiosa necesidad de regular el juego en su conjunto.

El panorama actual bajo el que se desarrolla la actividad no se reduce a simples transacciones comerciales, sino que se ha convertido en una multidimensional industria que comprende a empresarios y trabajadores del sector, a organismos estatales y a usuarios dispuestos a consumir entretenimiento.

Es por ello, que un desarrollo equilibrado y responsable del juego dependerá del compromiso conjunto de todos los actores que intervienen. El juego, debido a su acelerada expansión y su adaptación a las nuevas herramientas tecnológicas exige una continua reactualización y tratamiento jurídico de la actividad que frente a este panorama se torne aún más competitiva y productiva para todos los sectores vinculados a ella.

El Estado, como agente normativo y de contralor, debe ser el principal garante de un juego responsable, que le permita sostener por un lado la recaudación impositiva y, por el otro, promover y garantizar un entretenimiento saludable. A la vez, le posibilite a las empresas competentes mantener y potenciar las fuentes de trabajo y, que el juego, como práctica de esparcimiento, se presente para los apostadores como una opción recreativa y no se convierta en un recurso económico de carácter dañino y vicioso.

Es cierto que la actividad lúdica es un tema que está de moda en la Legislatura. Los funcionarios han comenzado a asumir un mayor compromiso institucional para regular el juego en la Provincia de Buenos Aires.

La presentación de propuestas de este tipo han generado repercusiones tales como ejercer mayor presión sobre las resoluciones dispuestas por Lotería, han permitido que se mediatizara un poco más el tema y que se comience a instalar un debate interno en torno a la actualización de las normativas vigentes y la necesidad de una mayor regulación para la industria de los juegos de azar.

Ante la ausencia de un proyecto integral existen iniciativas que podrían traducirse a un intento de regular, aunque sea, de manera segmentada la actividad.

Sin embargo, incluso en este caso, parece también existir una deliberada falta de voluntad política para sancionar.  

Proyectos que no superan el orden de la propuesta; proyectos que durante meses quedan estancados en una Comisión para terminar pasando al archivo; iniciativas que una y otra vez reingresen a la Cámara como Proyectos de declaración porque fueron cajoneados debido a la ausencia de su tratamiento. En este caso particular de los juegos de azar, la actividad parlamentaria se reduce muchas veces a la presentación de innumerables iniciativas que sólo quedan en eso.

Dentro del arco parlamentario, legisladores provinciales como Maricel Etchecoin Moro, Liliana Piani, Aldo Luis Mensi, Walter Martello, Alfredo Meckievi, Jaime Linares, Carlos Nivio Sebastián Cinquerrui, entre otros, han sido protagonistas destacados en la presentación de proyectos relativos al juego durante el año 2010.

La mayoría de las iniciativas presentadas redundan en un mayor "control" del juego por parte del Estado, ya sea desde su aspecto económico y administrativo como de su incidencia e impacto social.

Últimamente, las iniciativas se han centrado en la regulación de los Bingos y la necesidad de limitar sus horarios de funcionamiento. Las repercusiones que generó el polémico caso del Bingo Necochea, en la ciudad bonaerense del mismo nombre,  y el posterior fallo de la Suprema Corte que resultó favorable para el municipio, han acentuado la creciente obstinación de los legisladores por ponerle limitaciones a estas casas de juego. La arremetida contra los Bingos está a la orden del día y varios son los proyectos que dan cuenta de ello.

Innumerables son los proyectos referidos al juego, no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino en otras legislaturas argentinas. Recordemos nuevamente: propuestas que, desde el punto de vista analizado, abarcan aspectos particulares del juego y por tanto, una regulación segmentada e incompleta de la actividad. Considerando esta situación actual, cabe preguntarse entonces sobre los motivos de este entusiasmo por legislar el juego de manera fraccionada. ¿Responde  acaso a la falta de voluntad e idoneidad política? ¿Es debido a la ausencia de una conciencia política colectiva que torne impostergable la discusión sobre el juego? ¿La regulación del juego, desde un desarrollo integral y responsable, no es un tema que se considere primordial para instalar en el debate legislativo? ¿Es acaso porque las trabas burocráticas y las presiones son una herramienta de manipulación ejercidas por  empresarios o funcionarios loobistas para neutralizar el poder de control y fiscalización que posee el Poder Legislativo?

Es cierto que respecto al juego no se pueden hacer conclusiones reduccionistas, pues los múltiples factores que lo componen y  actores que involucra hacen que su estructura sea compleja. Sin embargo, lo que no guarda ningún tipo de discusión es la responsabilidad de los legisladores para seguir, controlar y regular el desarrollo de los juegos de azar, como representantes del Estado en su rol de interventor y garante de la salud pública y social. Y más aún cuando existe una proliferación cada vez mayor de salas de apuesta, siendo una industria en constante crecimiento que aporta capital y trabajo y enormes sumas a la recaudación del Estado. Pero donde también, año a año aumentan los porcentajes de casos de ludopatía, y los sectores más vulnerables del sistema se convierten en las víctimas económicas y sociales mas afectadas debido a su propia condición de existencia.

Más allá de las controversias expuestas, el análisis histórico de los juegos de azar como práctica milenaria del comportamiento humano ha permitido llegar a dos conclusiones: su libre expresión conduce a profundos desequilibrios sociales, mientras que el intento de suprimirlos lleva a que se comercialicen por vías clandestinas. Por lo tanto, partiendo del presupuesto de que sería erróneo suprimir radicalmente el juego de azar, es el

Estado quien debe garantizar la transparencia en el desarrollo de ésta actividad y contener sus aspectos nocivos. Para ello, no existe más método que regular a través de la labor legislativa, lo cual supone elaborar propuestas pero también discutirlas en el recinto.

Si cada vez son más los actores sociales que el juego involucra, genera una masa de circulante que no sólo incrementa las arcas del Estado sino que es un motor importante del consumo, un potencial generador de fuentes de empleo y produce un importante efecto multiplicador en otras industrias, sectores y economías del país y la región; se hace imprescindible e impostergable encauzar acciones para el pleno desarrollo de un juego responsable.

Las instituciones del Estado son quienes deben dar plena garantía de ello, aún más, cuando es el propio Estado Provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires,  quien por ley se reserva la administración y explotación de todas las salas de juego.

Una regulación integral y equilibrada del juego supone contener todos los aspectos que lo conforman. Es el Estado entonces quien debe reglamentar la actividad incentivando la inversión privada para garantizar mayores recursos, divisas y fuentes genuinas de trabajo,  se incremente el consumo y se traduzca también en un incremento de los fondos destinados a salud, educación y justicia a través del aporte tributario.

Paralelamente, el Estado debe evitar que la explotación del juego se convierta en una fuente indiscriminada de lucro para los particulares, supervisar el servicio brindado, garantizar el efectivo traspaso de los fondos recaudados a la ayuda social y trabajar en la prevención y asistencia de la ludopatía, promoviendo en el sector empresario y social la idea de un desarrollo del juego basado en la responsabilidad social y empresaria.

Debatir, polemizar, discutir de manera integral estos aspectos inherentes a la actividad lúdica es lo que falta para que comiencen a cambiar las reglas del juego.

Un marco jurídico integral supondría ajustarse a los tiempos que corren y estar en sintonía con las demandas comerciales, sociales, económicas y tecnológicas que impone el actual sistema donde se desarrolla esta diversificada y floreciente  industria de los juegos de azar. Quizás, una normativa  de carácter macro y equilibrada obtenga un consentimiento unánime de todos los sectores involucrados. Pero claro está, la unanimidad y el consenso forman parte de un proceso más amplio que debe iniciar la Legislatura,  mediante una labor parlamentaria sostenida en el compromiso y la voluntad política para legislar.


 

 

* La autora es periodista de investigación, especializada en juegos de azar. Desarrolla sus investigaciones en la Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 60 % del juego por dinero de la República Argentina, y se juegan, en todo concepto, alrededor de 2.000 millones de dólares por año.

 

 


 
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