A Diez Años De Un Absurdo Que Produjo Resultados Inesperados

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Por Juan José Marc*

Se cumple hoy una década de la promulgación de la ley que más beneficios en recaudación por impuestos a un sector acotado de actividad, le ha producido a la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo nadie se acuerda de ella. Es más se trata de una ley que respondía a los mas mezquinos y espurios intereses que el lector se quiera imaginar. La realidad superará a su imaginación.  Era una ley cuanto menos absurda e indubitablemente pasible de las más groseras sospechas.

Su sanción el 15 de noviembre de 2001, su promulgación el citado 6 de diciembre y su publicación en el boletín oficial el 13 del mismo mes y año, fueron el motor impulsor de la normativa de regulación de juegos de azar de la provincia de Buenos Aires, el primer estado argentino en población, actividad económica y generación de recursos devenidos de las actividades lúdicas por dinero.

Esta norma a la que nos referimos, la ley 12.792, obligó por lo desquiciado de sus postulados a poner en funcionamiento, paradójicamente también el 6 de diciembre, pero del año 2002, el sistema de Control Online del funcionamiento de máquinas electrónicas de juegos de azar. Este modelo conceptual del control  detallado del producido del juego en ese rubro, le ha permitido a la provincia de Buenos Aires recaudar desde ese momento a hoy la nada despreciable suma de 2.500 millones de dólares aproximadamente.

La ley de referencia tuvo una vida muy corta, ya que obligó, en plena crisis del 2001, con corralitos, corralones y cambios de autoridades en la Nación y en la Provincia, a las nuevas autoridades bonaerenses a buscar una solución original a la crisis que su sanción había creado y a evitar los pésimos resultados que su aplicación habría acarreado a las arcas provinciales.

Para explicarlo brevemente la norma "suspendía" el funcionamiento de las máquinas tragamonedas en todas las salas de bingo de la provincia. No establecía un plazo cierto para esa suspensión y presuponía que el Estado debía hacer cumplir esa suspensión llegando incluso a la incautación de las máquinas instaladas en las salas que no cumplieran esa medida.

De hecho, si el Estado incautaba eventualmente esas máquinas, tras una batalla judicial más o menos larga, la provincia tenía serios riesgos de terminar devolviendo el parque de máquinas a sus dueños -previsiblemente a valores de máquinas 0 kilómetro- y sin duda con un colosal costo de indemnizaciones a sus operadores.

Los dueños de bingos bonaerenses interpusieron un amparo que dio a las nuevas autoridades un respiro de 7 meses para elaborar un plan que evitara semejante desaguisado. Ya había enfrentado Buenos Aires una crisis similar en la década de los años 80, cuando la prohibición de operar con licencias municipales a salas de bingo en la costa, derivó en un proceso judicial que se convirtió en la puerta de ingreso al territorio provincial de todas las salas de bingo que existían en ese momento.

La solución a este desatino del que se cumplen 10 años, vino de la mano de las nuevas tecnologías y permitió a la provincia convertirse en un ejemplo de marco regulatorio para la actividad que fue estudiado y replicado o en vías de replicación en diferentes países del mundo.

En ese marco regulatorio se estableció un canon porcentual por máquina sobre el producido de cada una de ellas, fijado en el 34 por ciento y otras exigencias para los operadores, como la obligación de contar con un empleado en nómina por cada máquina instalada en sus salas. Las máquinas se conectaron a una mega red informática cerrada, que reportaba peso a peso los ingresos que se registraban y desde donde se establece el monto que corresponde como impuesto directo.

Los resultados no solo beneficiaron a las arcas provinciales, sino que revalorizaron la actividad, consolidaron la seguridad jurídica de las operaciones y generaron ingentes beneficios a las comunidades donde operan los licenciatarios, por las fuentes laborales generadas y los aportes obligatorios a entidades de bien
público que funcionan en la región de influencia.

Ese proceso regulatorio se implementó y consolidó en apenas 3 años, pero lamentablemente no se profundizó en la medida real de las posibilidades que este primer gran paso permitía, avanzando sobre definiciones como la obsolescencia del parque de máquinas instaladas, la homologación y certificación de máquinas que evitaran cualquier tipo de anomalías funcionales de las mismas y otras medidas de igual o mayor trascendencia.

Hoy, a 10 años de esa ley absurda y a 9 de la solución que se generó al problema que ella creaba, el marco regulatorio, pese a sus limitaciones, a algunos incumplimientos menores y al tiempo transcurrido, sigue siendo ejemplar. Sin embargo, ha llegado el momento de pensar en que el mundo evoluciona y los juegos de azar lo hacen al mismo ritmo vertiginoso.

Este modelo ejemplar bonaerense debe, por ende, mantenerse a la altura de estas circunstancias y no correr el riesgo de someterse a decisiones normativas trasnochadas como las que dieron origen a la mencionada ley 12.792. Los juegos de azar y las apuestas deportivas por Internet están en la agenda de la sociedad como un dato relevante de la realidad, pero alejadas de la temática legislativa, por lo menos en lo que ha propuestas coherentes se refiere.

Algunas provincias, las menos, se han dado un marco regulatorio para otorgar licencias, entrando en conflicto de intereses con otras jurisdicciones y las que no lo han hecho no definen una postura clara frente a la actividad.

Algunos ámbitos ejecutivos han recurrido a la justicia para obtener de esta fallos de dudoso cumplimiento, como el de impedir que sus ciudadanos utilicen los servicios de proveedores licenciados en otras jurisdicciones, mientras que la realidad es que todos los que lo deseen pueden jugar desde sus hogares, sin control alguno y sin carga tributaria comprobable, en la mayor parte de los casos sobre operaciones que están radicadas directamente en un paraíso fiscal.

Lamentablemente el desconocimiento de funcionarios y legisladores en la materia es profundo y en los pocos casos donde se trata de pensar en estas nuevas opciones de entretenimiento se lo hace desde la comparación burda y directa con los modelos de juego presencial -tanto para las buenas motivaciones, como para las "non sanctas" - y no se llega por allí a ningún camino.

Una vez más, la tendencia a copiar experiencias internacionales en la materia, como el modelo de legislación español que está en estos días entrando en vigencia, no es apto para la idiosincrasia latinoamericana.

Hay que pensar en un modelo de regulación del juego adecuado a nuestras particularidades, amplio, con seguridades jurídicas, pero también con un fuerte marco de control, una clara e importante carga tributaria y fundamentalmente un acendrado respeto por las nuevas tecnologías y sus herramientas. No vaya a ser que como quedo demostrado en los episodios de Wikileaks, hace algunos meses o en el caso de Cuevana más reciente, por restringir un acceso puntual a un determinado sitio de internet, se vulneren derechos de miles de internautas que nada tienen que ver con la cuestión en disputa.

O lo que es peor, por no crear un marco regulatorio inteligente y a la altura del mundo en el que vivimos, se fomente por omisión la generación de todo un circuito absolutamente negro de flujo de fondos con destino a juegos de azar que terminan en paraísos fiscales sin control alguno del estado y lo que es peor, sin rédito alguno para las comunidades de donde salen estos recursos.

 


 

 

* Editor de http://eldiario.deljuego.com.ar

 

 


 
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